Declaración del Colegio de Abogados que expresa preocupación por los procesos de remoción contra 56 jueces y los riesgos para la independencia judicial en Chile

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En un nuevo comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación por la reciente decisión de la Corte Suprema de Chile de reabrir procedimientos disciplinarias e iniciar procesos de remoción contra decenas de jueces, y por cómo estos procedimientos podrían socavar las garantías del debido proceso y amenazar la independencia judicial en Chile.

El comunicado señala que las acciones de la Corte son especialmente preocupantes porque todos los jueces en cuestión ya habían pasado por un procedimiento disciplinario anterior en el que se examinó su uso de las licencias médicas y los viajes al extranjero. Estos procedimientos disciplinarios evaluaron cada caso, se impusieron sanciones cuando correspondió a los hechos del caso, y luego concluyeron, de conformidad con los instrumentos normativos de la ley chilena.

La decisión de la Corte de reabrir los procedimientos genera inquietudes sobre la garantía de la seguridad jurídica en Chile y podría menoscabar las normas internacionales que protegen la independencia judicial, el debido proceso, y otros derechos importantes.

“Reabrir asuntos que ya habían sido resueltos legalmente socava las garantías de seguridad jurídica y de cosa juzgada”, señala el comunicado.

“Esta situación plantea serias interrogantes respecto del cumplimiento de los estándares internacionales que protegen la independencia judicial, el debido proceso, la seguridad jurídica, la inamovilidad en el cargo, y el principio de ne bis in idem, que prohíbe procedimientos o sanciones repetidas basadas en los mismos hechos una vez que un asunto ha sido resuelto de manera definitiva”.

Expertos internacionales, entre ellos la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, han expresado su preocupación por la posible remoción de estos jueces, señalando que los procedimientos no garantizan el debido proceso.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York insta a las autoridades chilenas a garantizar que los mecanismos de rendición de cuentas judiciales operen conforme a los estándares internacionales que protegen la independencia judicial, el debido proceso, la seguridad jurídica y la inamovilidad en el cargo.

“Esta declaración forma parte de una preocupación más amplia del Colegio de Abogados respecto del debilitamiento de la independencia judicial en América Latina, que se ha manifestado a través de campañas de difamación, amenazas y ataques contra jueces, y recortes presupuestarios que privan al poder judicial de recursos financieros esenciales”, afirma la declaración.

Resumen

En 2025, la Corte Suprema de Chile ordenó una revisión de todos los casos que involucraban a jueces que habían viajado al extranjero en los cinco años anteriores.

La revisión fue una respuesta a un informe de la Contraloría General de la República de Chile, que reveló que funcionarios públicos de todos los poderes del Estado habían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica aprobada entre 2022 y 2024.

Como parte de la revisión del Poder Judicial, distintas jurisdicciones del país iniciaron investigaciones disciplinarias para determinar si estos viajes constituían incumplimientos de los deberes funcionarios.

Las investigaciones disciplinarias tuvieron diversos resultados, según las circunstancias de cada caso. En algunos casos, los jueces fueron absueltos o los procedimientos fueron sobreseídos, mientras que a otros jueces a quienes se les determinó haber infringido las normas se impusieron sanciones. En todos los casos, ya sea que se desestimara la investigación o se sancionara a los jueces, las investigaciones concluyeron y se cerraron conforme al marco disciplinario establecido por la propia Corte Suprema.

Sin embargo, en junio de 2026, la Corte Suprema reabrió los procedimientos para examinar la posible remoción de varios jueces, en virtud de un artículo de la Constitución Política de la República de Chile que autoriza a la Corte a ordenar la remoción de los jueces que no hayan demostrado “buen comportamiento”.

La Corte también inició procedimientos de remoción contra jueces que ejercieron su derecho a apelar las sanciones, incluso después de que la Corte ya hubiera revisado la apelación y tomado su decisión sobre las sanciones.

La declaración expresa preocupación de que esta acción corra el riesgo de socavar la eficacia de todo el mecanismo de revisión, “ya que el ejercicio del derecho a apelar puede exponer a los jueces a la posibilidad de una consecuencia más severa que la abordada en el procedimiento disciplinario original”.

Las implicaciones para la independencia judicial y el debido proceso en Chile son lo suficientemente alarmantes por sí mismas, pero la declaración también señala la posibilidad de que se produzcan efectos en cadena en toda la región. “La situación trasciende el propio país, dado que Chile ha sido reconocido durante mucho tiempo como un modelo de estabilidad institucional en América Latina”, señala.

Normas internacionales sobre integridad e independencia judicial

El Colegio de Abogados de la Ciudad enfatiza no está abordando la necesidad de integridad entre el poder judicial, lo cual describe como una “cuestión sobre la que no existe desacuerdo alguno”. La preocupación radica en si la defensa de la integridad judicial puede justificar el desconocimiento de garantías esenciales del Estado de derecho, incluyendo el debido proceso y la seguridad jurídica.

La forma en que se han desarrollado estos procedimientos genera inquietudes sobre el cumplimiento por parte de Chile dede los estándares internacionales que protegen la independencia judicial, incluidas las definidas en los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Estatuto del Juez Iberoamericano.

Para abordar estas cuestiones, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York insta a las autoridades chilenas a:

• Garantizar que los procedimientos disciplinarios y de remoción contra jueces respeten las garantías del debido proceso y la firmeza de las decisiones adoptadas conforme a procedimientos establecidos;
• Garantizar que los plazos de prescripción, las absoluciones, los sobreseimientos y las sanciones cumplidas tengan un efecto jurídico real y otorguen certeza a los jueces sometidos a procedimientos disciplinarios;
• Asegurar que el ejercicio de los mecanismos de revisión judicial, incluidas las apelaciones, no exponga a los jueces a consecuencias adicionales o más severas basadas en los mismos hechos;
• Proteger la independencia interna de los tribunales, garantizando que los mecanismos disciplinarios no se utilicen de manera que socave la autonomía de los jueces y de los tribunales superiores en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el Colegio de Abogados también hace un llamado respetuoso a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, a que continúen monitoreando de cerca los acontecimientos relacionados con este tema en Chile.

La Comité de Asuntos Interamericano y el Grupo de Trabajo sobre la Independencia de Abogados y Jueces del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York también se sumaron a la declaración.

Lea la declaración completa aquí.