Declaración del Colegio de Abogados expresando preocupaciones sobre represalias y ataques contra juzgadores en Latinoamérica
El Vance Center contribuyó a una declaración del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en la que se expresa una gran preocupación por una alarmante ola de ataques a la independencia judicial en América Latina.
En un nuevo comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su gran preocupación por un patrón alarmante de aumento de ataques a la independencia judicial en Latinoamérica.
Entre ellos se incluyen casos de represalias disciplinarias, procesos penales contra jueces por el contenido de sus sentencias, campañas públicas de desprestigio basadas en acusaciones falsas y, en los casos más extremos, violencia física mortal.
El Colegio de Abogados insta a las autoridades de la región, en particular en México, Perú, Bolivia y Ecuador, a reafirmar su compromiso con el Estado de derecho garantizando la protección y la autonomía de sus juezas y jueces.
Ataques contra jueces
Los recientes acontecimientos en Perú, Ecuador, Bolivia y México han debilitado el principio fundamental de independencia judicial en estos países.
En Perú, el juez Oswaldo Ordóñez Alcántara fue removido de su cargo en lo que parece una represalia por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y haber expresado su punto de vista sobre la independencia judicial en un foro público. En noviembre de 2024, el juez Ordóñez presentó un breve testimonio durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “Situación de la independencia judicial en las Américas”.
Casi un año después, la Junta Nacional de Justicia de Perú inició una investigación preliminar sobre su participación en la audiencia de la CIDH, a raíz de una denuncia presentada por una congresista en septiembre de 2025. La investigación, junto con otras acusaciones falsas que alegaban que el juez Ordóñez tenía vínculos con una organización criminal y que circularon en los medios de comunicación peruanos, impactó, en última instancia, en la etapa final del proceso de evaluación y ratificación del juez Ordóñez, dando como resultado la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no ratificarlo.
En México, el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano creado por la reforma judicial de 2024, encargado de investigar y sancionar las faltas administrativas de los jueces, ha actuado con inusual rapidez al suspender y sancionar a varios jueces. La velocidad de estas decisiones –en el contexto de distintas acusaciones a los jueces sobre decisiones motivadas políticamente por parte de altos funcionarios— ha suscitado preocupación por el riesgo de politización de la disciplina judicial y sus implicaciones para la independencia de los jueces en México.
Y en los casos más graves, jueces de Bolivia y Ecuador fueron víctimas de atentados que terminaron con sus vidas.
El 30 de abril, el juez Víctor Hugo Claure Hinojoza, magistrado de alto rango del Tribunal Agroambiental de Bolivia, fue asesinado a tiros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En su cargo, el juez Claure presidía una jurisdicción establecida para resolver controversias de alto impacto que involucran la propiedad de la tierra, la reforma agraria y la protección de los recursos naturales, materias que están en el centro de distintos asuntos económicos y sociales de Bolivia y que a menudo involucran intereses e industrias poderosas. La naturaleza de los asuntos que se conocen en este tribunal implica que sus fallos suelen ser muy sensibles, lo que hace que los operadores de justicia sean particularmente vulnerables ante posibles represalias y coloca a los magistrados en la primera línea de conflictos intensos en el país.
El asesinato del juez Claure produjo efectos inmediatos. Los agentes de la policía boliviana actuaron para intervenir en eventos públicos a los que asistían miembros del Tribunal Supremo, evacuando a las autoridades por temor a nuevos ataques. Se solicitó la implementación de medidas de seguridad reforzadas durante este período, particularmente para quienes dentro del sistema judicial emiten fallos sobre casos de alta sensibilidad.
El 11 de mayo, en Ecuador, dos sujetos en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el parabrisas del vehículo de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga mientras conducía en la ciudad de Machala, al suroeste del país, provocándole la muerte instantánea. La jueza Pachar, magistrada de la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, ya contaba con resguardo policial debido a amenazas previas contra su vida. En un pronunciamiento, el Consejo de la Judicatura de Ecuador calificó el hecho como un “grave ataque” contra el sistema judicial en Ecuador.
Otros jueces en Bolivia y Ecuador han enfrentado amenazas de muerte e intentos de asesinato. En octubre de 2025, el juez Marcos Mendoza Pinargote, de la Unidad Judicial Penal de Manta, Ecuador, quien supervisaba las investigaciones sobre un grupo criminal local, fue asesinado en un ataque selectivo.
“Estos homicidios, perpetrados contra miembros del poder judicial en el ejercicio de sus funciones, constituyen ataques graves a la independencia judicial, al Estado de derecho y la democracia”, señala el comunicado del Colegio de Abogados. En él se insta a los Estados de Bolivia y Ecuador a investigar con celeridad cada caso y a tomar medidas efectivas para prevenir la repetición de ataques contra los juristas.
Protección de la independencia judicial
Aunque estos ataques son distintos en alcance y naturaleza, y ocurrieron en diversos países, la declaración señala la preocupación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York de que el patrón general de violencia y amenazas contra los jueces pueda normalizarse, fomentando un clima de intimidación que debilita el estado de derecho en Latinoamérica.
“Estas manifestaciones, si bien difieren en su naturaleza y gravedad, forman parte de un fenómeno cada vez más creciente y repetido en la región”, dice la declaración. La secuencia incluye que las autoridades recurran a represalias públicas en contra de las sentencias, fuera de los mecanismos ordinarios de revisión judicial, y transmiten un mensaje institucional que deslegitima a quienes imparten justicia. Esta deslegitimación se ve luego amplificada por una retórica generalizada en contra de jueces que los presenta como obstáculos, adversarios o cómplices, todo esto sin demostrar las acusaciones con pruebas o mediante el debido proceso.
“El resultado es un entorno en el que los juzgadores quedan expuestos no sólo a las consecuencias profesionales adversas, sino a riesgos concretos para su integridad personal, pues el discurso público hostil normaliza la idea de que las decisiones judiciales pueden ser respondidas por vías ajenas al derecho”, concluye el comunicado.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York urge a las autoridades de la región, en particular de México, Perú, Bolivia y Ecuador, a reafirmar su compromiso con el estado de derecho garantizando la protección y la autonomía de sus jueces y juezas. En cada país, pide:
Perú
- El cese inmediato de todos los actos de represalia contra el juez Ordóñez, garantizando que tenga la oportunidad de impugnar la decisión de no ratificarlo mediante un recurso efectivo, y asegurando que no sea sancionado por su legítima participación ante organismos internacionales de derechos humanos; y
- En un sentido más amplio, el cese inmediato de cualquier acción para sancionar a un juez por participar en actuaciones legítimas llevadas a cabo por organizaciones internacionales cuya jurisdicción incluye Perú.
México
- Que el Tribunal de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la República garanticen que los procedimientos disciplinarios y penales contra juzgadores se ajusten estrictamente a los estándares internacionales de independencia judicial.
Bolivia y Ecuador
- Que se realicen investigaciones exhaustivas sobre los asesinatos de los jueces Claure y Pachar, así como otros delitos violentos contra otros operadores de justicia.
- Que se reevalúen los mecanismos de protección y las políticas de seguridad actuales para prevenir nuevos incidentes mortales.
También insta a los gobiernos de la región a respaldar y proteger plenamente la autonomía de sus poderes judiciales, conforme a sus respectivos mandatos constitucionales y a los estándares internacionales establecidos por organismos como la CIDH y la ONU; y a la comunidad internacional, incluidos los órganos internacionales de derechos humanos, a mantener su monitoreo del estado de la independencia judicial en estos países.
El Grupo de Trabajo sobre la Independencia de Abogados y Jueces del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York también se sumó a la declaración.
Lea la declaración completa aquí: