Desalojo y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público
Este informe examina el uso del derecho penal para resolver los conflictos territoriales en Guatemala, centrándose en su impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas. A partir de un análisis jurídico y de casos documentados, subraya cómo el Ministerio Público de Guatemala ha recurrido cada vez más al delito de allanamiento y a otros cargos penales arbitrarios para gestionar conflictos que deberían resolverse mediante procedimientos civiles o agrarios. También constata un aumento reciente de las solicitudes de desalojo y otras prácticas institucionales que ignoran los derechos de las comunidades indígenas y violan el debido proceso y las normas internacionales de derechos humanos.
El informe sitúa estas prácticas en el contexto más amplio del debilitamiento de las instituciones y la erosión de la independencia judicial en Guatemala. Concluye con recomendaciones clave destinadas a fortalecer la supervisión dentro del sistema judicial y a proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas del país.
Este informe se ha elaborado en colaboración con la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Protection International Mesoamérica, Prensa Comunitaria y el Bufete para Pueblos Indígenas.
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