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Diagnóstico sobre la independencia del Sistema Judicial en Bolivia – Actualizado
El Vance Center ha actualizado su Diagnóstico sobre la independencia del Sistema Judicial en Bolivia. Esta nueva versión del Diagnóstico destaca preocupaciones significativas relacionadas con la independencia judicial y el estado de derecho en el país, especialmente alrededor de las elecciones judiciales del próximo 15 de diciembre de 2024.
Este documento es parte de una serie de diagnósticos sobre la independencia del sistema judicial en Latinoamérica, que tienen por objetivo contar con información concreta y actualizada sobre los diferentes países de la región, visibilizar problemas y generar diálogos productivos con la comunidad nacional e internacional. Busca visibilizar, por un lado, los principales aspectos estructurales, normativos y de funcionamiento de la judicatura, y por otro, las complicaciones en materia de independencia judicial en esta jurisdicción. Resume los principales aspectos estructurales y normativos, y plantea las complicaciones que se presentan actualmente en materia de independencia judicial en esta jurisdicción. Esto incluye asuntos como la selección y nombramiento de magistrados y jueces, las evaluaciones, los ascensos, los procesos disciplinarios, las destituciones, la seguridad física y jurídica de los operadores judiciales, las injerencias de otras ramas del poder público en la administración de justicia, los casos de corrupción y la concentración de poderes administrativos y financieros, entre otros. También se estudian los avances que se han logrado mediante la adopción de normas y políticas encaminadas a mitigar estas complicaciones.
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Este documento no pretende ser un análisis exhaustivo sobre la materia sino servir como guía resumida, y así brindar elementos de análisis y herramientas de investigación a quien la consulte desde cualquier contexto.
Leer el Diagnóstico de Bolivia
Contexto: Bolivia
Desde la promulgación de la Constitución Política de Bolivia en 2009, las elecciones judiciales por sufragio universal han enfrentado diversos problemas estructurales. El mandato de las altas autoridades judiciales expiró en 2023, pero las elecciones previstas no se llevaron a cabo. En respuesta, el Tribunal Constitucional Plurinacional extendió sus propios mandatos y los mandatos de las altas autoridades mediante del Órgano Judicial mediante la Declaración Constitucional 0049/2023, lo que generó una crisis institucional. Este proceso de auto prórroga ha sido ampliamente cuestionado por su posible inconstitucionalidad y por comprometer la legitimidad del sistema judicial.
En 2024, aunque se lograron avances como el empadronamiento y la preparación de papeletas, las elecciones enfrentaron nuevos obstáculos, incluyendo sentencias constitucionales que invalidaron convocatorias en algunos departamentos. Esto prolongó la permanencia de autoridades judiciales fuera de su periodo constitucional, erosionando la confianza pública y afectando la independencia judicial.
Preocupación internacional
La situación ha sido objeto de preocupación internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, enfatizó la importancia de elecciones transparentes y participativas para garantizar un sistema judicial independiente. En un comunicado emitido en enero de 2024, señaló que la falta de acuerdo político para fijar una fecha para las elecciones pone en riesgo la estabilidad democrática del poder judicial en Bolivia.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) también expresó su preocupación por esta situación en un comunicado emitido en diciembre de 2024. Señalaron que las irregularidades y el uso de recursos judiciales amañados han violado el derecho colectivo del pueblo boliviano a elegir a sus jueces, afectando la legitimidad de los altos tribunales y el estado de derecho.
Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4, reafirmó la realización de elecciones judiciales parciales para el 15 de diciembre. Con esta sentencia, se descartó elecciones completas a nivel nacional y nuevamente su auto prórroga de los relatores de dicha sentencia, generando incertidumbre jurídica y fragmentando el proceso electoral en varios departamentos.
El 11 de noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una audiencia temática sobre Bolivia cuyo tema principal fue la “Situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial”. En esta audiencia, se denunció la auto prórroga de los juzgadores. En una audiencia temática regional sobre la independencia judicial el 13 de noviembre, también se denunció por parte de juzgadores de Latinoamérica las problemáticas que enfrenta la judicatura en Bolivia.
El 9 de diciembre, la Organización de Estados Americanos anunció una Misión de Observación Electoral (MOE) a desplegarse en Bolivia para supervisar las elecciones judiciales, encabezada por Edison Lanza, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. La misión se reunirá con diversos actores y presentará un informe preliminar con recomendaciones para fortalecer los procesos electorales.