Hacia el Fin de la Criminalización en Guatemala: Propuesta Inicial de Unidad Especializada para Revisión y Descriminalización de Casos
Este documento, elaborado por el Cyrus R. Vance Center for International Justice y Dilemas de Fondo, tiene por objeto delinear la creación de una Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización dentro de la estructura del Ministerio Público (MP) en Guatemala.
La Unidad Especializada será de carácter transitorio y con un mandato institucional concreto: revisar, sistematizar y corregir los efectos de la persecución penal ilegítima documentada entre 2018 y 2026.
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones especializadas acreditan que el MP operó durante ese período como instrumento de persecución política sistemática, invirtiendo su mandato constitucional de legalidad, objetividad e imparcialidad.
Contexto
Desde hace algunos años, varias organizaciones internacionales han documentado la criminalización sistémica por parte de la Fiscalía en Guatemala saliente contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos, periodistas, y integrantes de organizaciones indígenas, entre otras.
Este uso del sistema penal en contra de estas comunidades ha tenido efectos reales como censura de la libertad de expresión, prisión fabricada mediante acusaciones de delitos inexistentes, despojo de tierras en favor de grupos empresariales y el exilio de decenas de personas debido a la persecución ministerial y al peligro incluso de perder la integridad física.
En ese contexto, la propuesta de crear una Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización de Casos está diseñada para:
- Traducir los principios de la procuración de justicia previstos por la legislación y Constitución de Guatemala, así como los mandatos internacionales en acciones institucionales concretas,
- Reparar el daño causado a las víctimas de la persecución penal, y
- Contribuir a la reconstrucción del sistema de justicia.
La creación de esta Unidad llega en un momento oportuno. El 17 de mayo de 2026, en el marco de su toma de posesión, el Fiscal General, Gabriel García Luna, anunció su decisión de crear una comisión especial encargada de revisar los expedientes de las personas perseguidas políticamente durante la gestión anterior, abriendo la puerta para que las personas afectadas puedan acercarse al MP para una revisión de sus casos.
Esta propuesta permitiría traducir el compromiso del Fiscal General en una estructura institucional con una metodología capaz de abordar la magnitud y la complejidad técnica de la problemática, buscando una respuesta pronta, sistemática y no dispersa frente a una falla institucional de carácter estructural.
