La reciente designación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de varios cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras ha suscitado graves preocupaciones jurídicas y de derechos humanos en toda la región. Enmarcadas en una estrategia de lucha contra la delincuencia transnacional, estas iniciativas amplían las leyes antiterroristas de tal manera que podrían criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, los actores humanitarios, y las comunidades de la región que trabajan para proteger los derechos fundamentales en América Latina.
Contexto
A través de nuevas medidas ejecutivas y políticas adoptadas a principios de 2025, Estados Unidos amplió las sanciones relacionadas con el terrorismo a varias organizaciones criminales que operan en América Latina. Estas designaciones tienen implicaciones de gran alcance para la cooperación internacional y el espacio cívico, ya que introducen riesgos de cumplimiento y posibles restricciones para las organizaciones que trabajan en materia de justicia, derechos humanos o apoyo a la comunidad. Los grupos de la sociedad civil han advertido que estas medidas podrían obstaculizar la asistencia humanitaria, aumentar la vigilancia y conducir a una mayor militarización y al cierre del espacio cívico.
Esta guía, elaborada en colaboración con la Red Pro Bono de las Américas, tiene por objeto proporcionar a las organizaciones de la sociedad civil una herramienta práctica para comprender el alcance y las implicaciones de estas designaciones, evaluar los posibles riesgos e identificar estrategias para proteger su labor y el espacio cívico en América Latina.
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