Revisión de Normas Internacionales Protección a Denunciantes
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Uno de los puntos examinados en la última Evaluación Anticorrupción es el tema de la protección de denunciantes en América Latina, destacando que en la mitad de los países analizados existe una falta o insuficiencia de mecanismos de protección de denunciantes, lo que desincentiva la denuncia de actos de corrupción. Por ello, es necesario presentar un análisis del marco normativo de protección de denunciantes a nivel internacional que ofrezca una visión general de cómo se está configurando la normativa de protección de denunciantes a nivel internacional.
Aunque la lucha contra la corrupción ha sido priorizada en la agenda pública de varios países, existe una discrepancia entre el discurso y la realidad. La denuncia de irregularidades se ha identificado como un mecanismo anticorrupción que ha demostrado su eficacia en la recuperación de activos, la prevención de riesgos y la detección de irregularidades de corrupción. La protección de los denunciantes es, por tanto, esencial para combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, algunas legislaciones nacionales siguen careciendo de leyes de protección de los denunciantes.
En respuesta a esta cuestión, el Vance Center publica una Revisión de las Normas Internacionales de Protección de los Denunciantes de Corrupción para proporcionar a la comunidad jurídica y legislativa elementos que sirvan de referencia sobre las normas que deben cumplir los países. El Vance Center agradece al equipo de Mayer Brown LLP por llevar a cabo la investigación para esta Revisión.
Este documento incluye una revisión general de las convenciones sobre corrupción, directrices para sistemas de denuncia de irregularidades y recomendaciones para combatir el soborno, directivas, recomendaciones y acuerdos o convenciones regionales, todos ellos instrumentos internacionales contra la corrupción en todo el mundo.
Para cada instrumento, la revisión incluye la identificación de las disposiciones clave, las normas, si existe una definición de “denunciantes/whistleblowers”, los procedimientos de denuncia, las protecciones contra las represalias y si existe una distinción entre la protección de los funcionarios públicos y la de los particulares. Los Estándares Internacionales para la Protección de los Denunciantes se dividen principalmente en dos áreas jurídicas: Derecho Civil y Derecho Penal.
Es importante señalar que los instrumentos revisados responden a necesidades específicas, por lo que su revisión debe considerar el objetivo general de cada uno. En algunos casos, se trata de instrumentos regionales, mientras que otros están diseñados específicamente para combatir un acto de corrupción, como es el caso del soborno.
El reporte también está disponible en inglés.
