Protección de los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas: Normas internacionales y regionales
Los esfuerzos continuos del Gobierno de los Estados Unidos por ampliar y acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes suscitan graves preocupaciones en torno a los derechos de los refugiados y las poblaciones migrantes, así como a la responsabilidad de los Estados Unidos y otros países de proteger esos derechos.
Contexto
Desde principios de 2025, la actual administración de los Estados Unidos de América ha implementado cambios radicales en la política de inmigración. Estos cambios y las diversas tácticas desplegadas para arrestar, detener y deportar a inmigrantes de todos los estatus legales han suscitado graves preocupaciones en materia de derechos humanos.
Además, el uso por parte de Estados Unidos de los países latinoamericanos como escala para los deportados extranjeros ha generado controversia en la comunidad internacional, especialmente en lo que respecta a las protecciones internacionales para los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y a si los deportados serán debidamente evaluados por los países de acogida. También ha planteado dudas sobre la aplicación de las protecciones de los derechos humanos en situaciones en las que la responsabilidad se distribuye entre los Estados de origen, tránsito, destino y “de acogida” que participan en el traslado, la detención y la expulsión posterior.
El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión general de los marcos jurídicos internacionales y regionales pertinentes sobre los derechos de los refugiados y los migrantes y las obligaciones de los Estados de protegerlos en las diferentes etapas de las rutas migratorias. Ofrece una valiosa orientación a los responsables políticos y a los actores jurídicos de los Estados Unidos y de toda América Latina al abordar cuestiones sobre:
(1) Las obligaciones jurídicas internacionales e interamericanas de los Estados Unidos y los países de acogida a la hora de recibir, tramitar y deportar a migrantes y refugiados;
(2) El debido proceso, el acceso a la justicia y la duración razonable de la detención en los procesos relacionados con la migración en virtud del derecho internacional; y
(3) Las normas jurídicas internacionales adicionales aplicables a las poblaciones protegidas o vulnerables, incluidas las mujeres, los niños y los miembros de la comunidad LGBTQI+.
