El Vance Center y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York presentan un amicus curiae ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en apoyo de la denuncia de detención arbitraria de dos autoridades indígenas guatemaltecas

Nueva York, 3 de agosto de 2026 – El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa sin fines de lucro del mismo Colegio de Abogados, hoy presentaron un escrito de amicus curiae ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sobre la denuncia de la detención arbitraria de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz, autoridades indígenas y antiguos funcionarios públicos que llevan más de 15 meses detenidos arbitrariamente en Guatemala.

El escrito sostiene que su detención es arbitraria según cuatro de las cinco categorías del Grupo de Trabajo. Solicita que el Grupo de Trabajo declare que la detención de Pacheco y Chaclán es arbitraria e inste al Estado guatemalteco a ordenar su libertad incondicional y a proporcionarles una reparación integral.

Pacheco y Chaclán se encuentran en prisión preventiva desde su detención en abril de 2025, relacionada a los bloqueos temporales de tránsito por las protestas sociales de octubre de 2023. En el momento de su detención, Pacheco ocupaba el cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible de Guatemala.

El proceso contra Pacheco y Chaclán se ha caracterizado por repetidas violaciones de sus derechos, incluido el derecho fundamental al debido proceso, y bajo una reserva total que ha impedido a su equipo de defensa acceder a información fundamental sobre el caso. Los cargos que se les imputan incluyen sedición, terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal; de ser declarados culpables, podrían enfrentarse hasta décadas de prisión.

Fueron detenidos por fiscales que trabajaban bajo la supervisión de la exfiscal general Consuelo Porras, acusada de liderar una campaña para hacer retroceder los esfuerzos contra la corrupción y que se enfrenta a sanciones internacionales por corrupción.

“La detención arbitraria continuada de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz es exactamente el tipo de caso para el que se creó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas”, declaró Milena Klimberg van Marrewijk, asesora del Programa de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Vance Center. “Pacheco y Chaclán han impugnado en repetidas ocasiones su detención ante los tribunales guatemaltecos, y estos simplemente no han respondido. Toda persona tiene derecho al debido proceso, pero cuando los tribunales no respetan ese derecho, el Grupo de Trabajo está ahí para garantizar que su libertad no dependa de dichos tribunales. Un dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria reconocería las violaciones de derechos sufridas por Pacheco y Chaclán como lo que son”.

Antecedentes

Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz ocuparon anteriormente cargos en el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, una estructura regional de gobierno comunal del pueblo Maya K’iche’ de Guatemala. Pacheco presidió la Junta Directiva del Consejo y Chaclán ocupó la tesorería.

En octubre de 2023, el Consejo desempeñó un papel fundamental en la organización y coordinación de manifestaciones pacíficas en apoyo a los resultados de las elecciones generales de agosto de 2023. Pacheco, en su calidad de presidente, se convirtió en uno de los líderes más destacados del movimiento.

Las protestas populares surgieron como respuesta a los esfuerzos de la Fiscalía General, bajo la dirección de la entonces fiscal general Consuelo Porras, de bloquear la transición democrática del poder. Las manifestaciones y la huelga nacional lograron finalmente garantizar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024. Sin embargo, Pacheco y Chaclán se enfrentaron a cargos penales por su participación en este movimiento.

El 9 de octubre de 2023, la Fundación contra el Terrorismo, una organización guatemalteca que ha acosado y perseguido sistemáticamente a periodistas y defensores de los derechos humanos, presentó una denuncia penal en la que acusaba a Pacheco de sedición. La denuncia también solicitaba a la fiscalía que investigara a los 48 Cantones como un supuesto “grupo criminal”.

En una audiencia el 10 de abril de 2025, los fiscales de la Fiscalía contra el Crimen Organizado comparecieron ante un juez en una audiencia unilateral, sin la defensa. El juez judicializó el caso y autorizó la aprehensión de ambos hombres por los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita y obstrucción. La policía los detuvo dos semanas después, el 23 de abril de 2025, por los bloqueos de carreteras y otras acciones vinculadas a las protestas de 2023. Las posibles penas son severas: solo el delito de terrorismo se castiga con una pena de hasta 30 años de prisión según el Código Penal guatemalteco.

Desde el principio, el proceso penal ha vulnerado los derechos de Pacheco y Chaclán a las garantías procesales básicas. La audiencia de primera declaración se celebró 47 horas después de su detención, mucho después del plazo de 24 horas establecido por la Constitución de Guatemala, y sin la presencia de los fiscales. El 10 de abril de 2025, el tribunal declaró todo el proceso bajo reserva total, lo que impidió a la defensa acceder al expediente completo de las pruebas. Según la legislación guatemalteca, los casos suelen someterse a secreto como medida de investigación excepcional y de corta duración, con un límite máximo de diez días y prorrogable una sola vez. El tribunal ha prorrogado esta orden de secreto en seis ocasiones, sin ninguna justificación adicional para tales medidas extraordinarias.

Ambos hombres llevan más de 15 meses detenidos arbitrariamente. No han comparecido ante un juez desde su audiencia de primera declaración, el 25 de abril de 2025. Casi un año después, en abril de 2026, un tribunal de apelación prorrogó su prisión preventiva hasta el 23 de septiembre de 2026, sin justificación. Esta prórroga sobrepasa el límite legal de un año establecido en Guatemala para la prisión preventiva.

En mayo de 2026, presentaron una denuncia ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

El escrito presentado hoy sigue a otro escrito de amicus curiae presentado por el Vance Center y un grupo de organizaciones de la sociedad civil ante la Sala de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en diciembre de 2025. En dicho escrito se argumentaba que la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán es arbitraria según las normas internacionales y se solicitaba al tribunal que ordenara la celebración de la audiencia intermedia, revisara la prisión preventiva y levantara el secreto de sumario. La Corte no ha respondido a esta solicitud.

Además de las violaciones directas de sus derechos, el caso contra Pacheco y Chaclán también ha involucrado a varias figuras guatemaltecas de alto perfil acusadas de corrupción, lo que ha suscitado preocupaciones más amplias sobre la legitimidad del proceso y de quienes lo dirigen.

Pacheco fue acusado de sedición por exigir la renuncia de la exfiscal general Consuelo Porras, que dirigía la Fiscalía General en el momento de su detención. Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países por presunta corrupción, persecución de defensores de los derechos humanos e intento de socavar los resultados de las elecciones de 2023.

Entre 2023 y 2025, el caso pasó por una serie de jueces antes de recaer en manos del juez Fredy Orellana, quien ha sido calificado de actor corrupto y antidemocrático por el Departamento de Estado de EE. UU. y sancionado por la UE por socavar la democracia.

Para más información o preguntas de medios, favor de comuníquese con nsouthwick@nycbar.org or efriedman@nycbar.org. 

Comunicado en inglés

Ver el comunicado en la página web del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York

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Sobre el Cyrus R. Vance Center for International Justice
El Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de Nueva York, promueve la justicia global haciendo que profesionales del derecho de todo el mundo apoyen el trabajo de la sociedad civil y una profesión jurídica éticamente activa. Reúne a las principales firmas de abogados y a otros socios de todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita (pro bono) a organizaciones de la sociedad civil que luchan por la justicia social. www.vancecenter.org

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