El Vance Center presenta Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para validar iniciativas legislativas contra la corrupción

El 3 de septiembre de 2025, el Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil —Asociación Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, Acción Ciudadana, Diálogos A.C., Asociación Consejo Nacional Empresarial e Involúcrate Guatemala—, presentó un escrito amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala para el caso relativo al Acuerdo Gubernativo Número 133/2024.  

El escrito amicus solicita que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dicte una resolución que declare sin lugar una acción anterior de inconstitucionalidad general parcial y que valide la constitucionalidad del artículo 9(d)(ii) del Acuerdo Gubernativo, que garantiza una mayor transparencia y supervisión institucional de los procesos de contratación pública y los gastos públicos.

Consulte el escrito amicus aquí. 

Contexto

El caso se refiere a las recientes iniciativas legislativas promulgadas por el Estado de Guatemala para reforzar la transparencia y la supervisión de la contratación y los gastos públicos, como parte de una iniciativa más amplia para combatir la corrupción en el país.  

La transparencia de los beneficiarios finales ayuda a subsanar las lagunas que facilitan la comisión de delitos financieros graves. Sin ella, los actores criminales pueden explotar más fácilmente las sociedades ficticias anónimas y las estructuras corporativas secretas para blanquear el producto de la corrupción, ocultar conflictos de intereses, obtener indebidamente lucrativos contratos públicos y evadir el pago de impuestos, al tiempo que les ayuda a eludir las sanciones y a ocultar sus actividades y activos a las autoridades.  

En diciembre de 2024, el Gobierno de Guatemala presentó una serie de iniciativas legislativas en varios sectores para mejorar la transparencia de la propiedad efectiva. Entre estas medidas se encuentra el Acuerdo Gubernativo 133-2024, que obliga a revelar los “accionistas o socios de la persona jurídica” para que las empresas puedan participar en los procesos de contratación pública. 

El 13 de junio, un ciudadano guatemalteco presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte en relación con el requisito establecido en el artículo 9(d)(ii) del Acuerdo Gubernativo. El demandante alegó que el requisito, que exige a las empresas que deseen participar en procedimientos de contratación pública que proporcionen una certificación sobre los accionistas y las personas físicas que ejercen el control final sobre las empresas, violaba derechos constitucionales fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad de la información y la libertad de industria, comercio y trabajo. La demanda solicitaba que la Corte declarara inconstitucional el artículo 9(d)(ii).  

El 24 de junio, la Corte dictó la suspensión provisional del artículo 9(d)(ii). Actualmente está considerando si dicha suspensión seguirá en vigor.

Conclusiones 

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, a través del Vance Center, presentó el escrito amicus curiae junto con las organizaciones de la sociedad civil, Acción Ciudadana, Asociación Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, Diálogos A.C., Asociación Consejo Nacional Empresarial, and Involúcrate Guatemala.  

El escrito sostiene que el Acuerdo 133-2024 es constitucional y coherente con las normas internacionales relacionadas con la lucha contra la corrupción, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC). 

“La suspensión provisional por parte de la Corte del artículo 9(d)(ii) del Acuerdo Gubernativo 133-2024 socava la credibilidad de Guatemala como líder en los esfuerzos regionales por la transparencia y la coloca en contradicción con sus compromisos vinculantes en el marco internacional”, afirma el escrito. “Al detener las reformas destinadas a identificar a los beneficiarios efectivos y fortalecer la supervisión en la contratación pública, la sentencia de la Corte corre el riesgo de enviar una señal de resistencia institucional a la transparencia y de debilitar la posición de Guatemala en la lucha mundial contra la corrupción”. 

El amicus, coordinado por el Programa de Integridad Institucional del Vance Center, ofrece un análisis jurídico comparado e internacional que respalda la constitucionalidad del Acuerdo 133-2024.   

“El Acuerdo Gubernativo 133-2024 es admisible, razonable y necesario en un contexto democrático que exige integridad en la administración pública”, afirma.

El informe examina las normas y tendencias internacionales en materia de legislación anticorrupción y observa que “los registros de beneficiario final se han generalizado”, ya que cada vez más gobiernos y organismos internacionales encargados de la formulación de políticas se han comprometido a respetar estas normas. 

El escrito también señala que la transparencia sobre la propiedad efectiva es una “piedra angular de los marcos modernos de lucha contra la corrupción”, citando a entidades intergubernamentales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo mundial de vigilancia de los delitos financieros. Cita la condición de Guatemala como parte en tratados internacionales que imponen obligaciones de lucha contra la corrupción y las posibles consecuencias de esta decisión para la economía del país.  

En conclusión, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en calidad de amicus curiae, solicita a la Corte que declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial presentada en junio. De este modo, el Tribunal mantendrá la validez del Acuerdo, lo que reforzará la transparencia y los esfuerzos de la lucha contra la corrupción en Guatemala, y alineará al país con las normas internacionales.   

Consulte el escrito amicus aquí.

El amicus curiae también está disponible en inglés.