Nuevo informe sobre el Ministerio Público de Guatemala pide acciones para prevenir el abuso de poder y garantizar la rendición de cuentas

8 de octubre de 2024 – El Vance Center, junto con el Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford, publicaron hoy un informe que documenta graves faltas de conducta y abuso de poder por parte del Ministerio Público de Guatemala bajo su actual liderazgo. Las dos organizaciones destacan la falta de un mecanismo independiente e imparcial para responsabilizar a la oficina del Fiscal General por mala conducta y emitieron recomendaciones al Estado de Guatemala para su reforma.

El informe, titulado “Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala”, recopila y analiza por primera vez decenas de denuncias oficiales realizadas por varios organismos multilaterales y los gobiernos contra el Ministerio Público. Esto incluye acusaciones de que la oficina obstruyó investigaciones de corrupción, utilizó el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intentó subvertir la democracia.

“El registro oficial del abuso de poder por parte del Ministerio Público es abrumador y no puede ser ignorado”, señaló Amrit Singh, profesora de derecho y Directora Ejecutiva del Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Derecho de Stanford University. La profesora agregó: “Sin embargo, la legislación guatemalteca no proporciona ningún mecanismo independiente e imparcial para que la Fiscalía rinda cuentas, tal y como exige el derecho internacional. El Estado de Guatemala debe garantizar que el Ministerio Público rinda cuentas y respete el Estado de Derecho.”

“Este informe demuestra claramente cómo el Ministerio Público de Guatemala ha abusado de su poder para bloquear los esfuerzos por arrancar la corrupción, criminalizar a los defensores de los derechos humanos y socavar los procesos democráticos. Para restablecer la confianza en las instituciones públicas y abordar la corrupción endémica de Guatemala, el Ministerio Público y sus fiscales deben comenzar a realizar investigaciones transparentes y actuar con la imparcialidad y objetividad necesarias para ese cargo. Sin mecanismos de rendición de cuentas, el Ministerio Público sólo continuará protegiendo la impunidad, con un gran costo para   Guatemala”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Asociado del Cyrus R. Vance Center for International Justice.

El informe recopila denuncias oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Estas alegaciones plantean serias preocupaciones sobre la posible violación de las obligaciones internacionales de Guatemala en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Guatemala ocupa el puesto 13 de 15 países latinoamericanos por su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, según un informe emitido en 2023 por Americas Society/Council of the Americas. En 2023, el activista anticorrupción Bernado Arévalo y su partido, Semilla, ganaron las elecciones generales en un resultado inesperado. Desde entonces, las maniobras legales de integrantes de la administración anterior y sus aliados, así como del Ministerio Público bajo su actual dirección, han tratado de trastornar los resultados electorales y socavar al Presidente y a su partido.

El informe documenta cómo el Ministerio Público, bajo el liderazgo de María Consuelo Porras Argueta de Porres, quien asumió como Fiscal General en 2018, ha desempeñado un papel clave en frustrar las investigaciones anticorrupción, usando el derecho penal contra jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y minando la democracia.

Cuarenta y dos países han emitido sanciones, de manera individual y colectiva contra la Fiscal General por corrupción e intentos de socavar la democracia. Entre ellos se encuentran la Unión Europea (formada por 27 Estados) y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldavia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, la legislación guatemalteca no prevé un mecanismo independiente e imparcial para exigir responsabilidades a un/a Fiscal General, como exige el derecho internacional. El único medio para exigir responsabilidades a el/la Fiscal General es su destitución mediante una condena penal firme por un delito intencionado cometido durante su mandato. Cualquier investigación penal contra el/la Fiscal General tendría que ser iniciada por el Ministerio Público, que él/ella dirige y, o bien por personal jerárquicamente inferior a él/ella, o bien por un «fiscal especial» externo que es nombrado por él/ella y puede ser destituido por él/ella. La estructura jerárquica de la Fiscalía hace prácticamente imposible exigir responsabilidades a la Fiscalía General por mala conducta.

Para remediar esta situación, el informe llama al Estado de Guatemala a tomar las siguientes acciones:

1. Asegurar que el Ministerio Público y sus fiscales actúen con imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
2. Implementar procedimientos disciplinarios justos y transparentes para responsabilizar a los fiscales por mala conducta.
3. Garantizar la independencia de las investigaciones, especialmente de figuras como la del Fiscal General.
4. Reformar las leyes y reglamentos de Guatemala para que la estructura jerárquica del Ministerio Público no sea un obstáculo para que los funcionarios de alto nivel de esa oficina rindan cuentas por conducta indebida.

El informe completo está disponible en inglés y español.

###

Acerca del Rule of Law Impact Lab

El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford estudia y despliega herramientas jurídicas – litigios e investigación jurídica, documentación y defensa – en estrecha colaboración con profesionales y académicos locales para combatir el declive democrático en todo el mundo, incluidos los EE.UU. El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho se inspira en el modelo de los Laboratorios de Impacto de Stanford de toda la universidad, que se centra en abordar algunos de los retos más acuciantes del mundo a través de los esfuerzos combinados de investigadores y responsables políticos que trabajan en una amplia gama de disciplinas. Más información: www.law.stanford.edu/rule-of-law-impact-lab

Acerca del Cyrus R. Vance Center for International Justice

El Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa sin ánimo de lucro del Colegio de Abogados de Nueva York, promueve la justicia global a través de la participación de profesionales del derecho de todo el mundo para que apoyen el trabajo de la sociedad civil y una profesión jurídica éticamente activa. Reúne a los principales bufetes de abogados y otros socios de todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita a organizaciones de sociedad civil que luchan por la justicia social. Más información: www.vancecenter.org