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Declaración del Colegio de Abogados en la que expresa su preocupación por la nueva ley peruana que restringe a las organizaciones de la sociedad civil
El Vance Center suscribió una declaración del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York en la que expresaba su grave preocupación por la reciente legislación en Perú que restringe las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y amenaza los derechos fundamentales, y en la que pedía al presidente de Perú que revisara o vetara la legislación.
En un nuevo comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su profunda preocupación por la reciente ley aprobada por el Congreso de Perú que restringe severamente las actividades de las OSC y amenaza los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y el derecho a buscar protección internacional.
La ley “establece mecanismos de control previo, censura y sanciones desproporcionadas que atentan contra la autonomía e independencia de la sociedad civil en el Perú”, dice la declaración.
La declaración insta a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y al Congreso a revisar la legislación propuesta para asegurar la protección de las libertades fundamentales de asociación, expresión y acceso a la justicia, y a no socavar una sociedad civil activa ni su papel como contrapeso frente a posibles abusos gubernamentales.
El 12 de marzo de 2025, el Congreso de Perú aprobó un conjunto de proyectos de ley que modifican la Ley 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según sus promotores, la nueva legislación busca mejorar el trabajo de la APCI y promover la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional. Durante los debates en el Congreso, dos congresistas argumentaron que el marco legal existente contenía lagunas que permitían a algunas ONG operar sin la suficiente transparencia, y uno de ellos alegó que algunas ONG supuestamente estaban haciendo un uso indebido de los fondos de la cooperación internacional para beneficio personal.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos legales y organismos internacionales de derechos humanos han advertido que la nueva ley impone controles excesivos e innecesarios sobre las ONG, lo que amenaza su autonomía y capacidad de operar libremente. La reforma restringe gravemente el acceso a la justicia, especialmente para las comunidades indígenas, rurales y marginadas que dependen del apoyo de las ONGs para defender sus derechos. La vaga y arbitraria noción de “desarrollo nacional” facilita aún más que el Estado la utilice como justificación para silenciar selectivamente el disenso y debilitar el rol de la sociedad civil como contrapeso al poder gubernamental.
“Las reformas recientemente aprobadas a la Ley APCI generan serias preocupaciones sobre las restricciones desproporcionadas impuestas al espacio cívico y al ejercicio de los derechos fundamentales en Perú”, señala el comunicado. varias disposiciones de la reforma ponen en riesgo la violación de los derechos al acceso a la justicia, a la libre asociación y a la libre expresión, con un impacto desproporcionado en las poblaciones marginadas y vulnerables”.
La declaración esboza numerosas preocupaciones sobre el potencial de la nueva legislación para socavar estos derechos fundamentales, y cita las normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la libertad de asociación y los asuntos internos de las organizaciones de la sociedad civil.
“La independencia y la no injerencia en los asuntos internos de las organizaciones son elementos esenciales para la plena realización de la libertad de asociación”, afirma la declaración.
La declaración insta a la Presidenta Boluarte que vete la legislación e inicie “un diálogo inclusivo orientado al desarrollo de un marco normativo que asegure tanto la transparencia y supervisión, como la protección de los derechos fundamentales.
Cualquier legislación futura debe abstenerse de imponer requisitos gravosos a las ONGs, de infringir los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos al acceso a la justicia, o de poner en peligro el trabajo de los defensores de derechos humanos”.
La Comisión de Asuntos Interamericanos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York también ha firmado la declaración.
Lea la declaración completa aquí: