Informe: Los Deberes de los Estados Conforme al Derecho Internacional para la Protección de los Jueces, Fiscales y Abogados
Este documento es un análisis de los estándares internacionales que protegen la independencia de magistrados, jueces, y fiscales, y de las y los abogados frente a los procesos disciplinarios arbitrarios, remociones administrativas, antejuicios y juicios políticos, procesos penales, recusaciones, y denuncias en colegios de abogados; así como las garantías para la independencia de las y los abogado/as en ejercicio, incluso cuando actúen en capacidad de defensores de los derechos humanos.
En una primera oportunidad, este documento fue presentado como un anexo del reporte “La criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala – estrategia para asegurar impunidad”. Sin embargo, en esta oportunidad es presentado como un documento autónomo, orientado a servir a estos y estas profesionales ante situaciones relacionadas con su independencia en el ejercicio de su profesión. En específico, se estudia los estándares internacionales de operadores de justicia cuando enfrentan situaciones como:
- Procesos disciplinarios arbitrarios,
- Remociones administrativas,
- Antejuicios y juicios políticos,
- Procesos penales,
- Recusaciones, y
- Denuncias en colegios de abogados.
Entre sus principales hallazgos, el documento identificó que la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran los derechos a la expresión, asamblea y asociación de los y las jueces, fiscales y abogado/as. Además, se refiere a los principios del derecho internacional y los mecanismos internacionales del “derecho suave” (“soft law”) sobre la materia. En este sentido, estos derechos deben ser garantizados y protegidos por los Estados, y cualquier límite a ellos debe ser razonable y relacionado a la imparcialidad que requiere la administración de justicia.
También se concluyó que los Estados deben evitar “sanciones disfrazadas” en contra de jueces y fiscales, y, si bien una jueza, juez o fiscal puede ser sancionado, la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la mala conducta. El estudio resaltó que en todo caso, las y los jueces y fiscales pueden ser removidos o sancionados solo por medio de procedimientos que cumplen con el debido proceso legal y que permiten revisión independiente de la decisión.
En cuanto a los y las abogado/as, se identificó la obligación de los estados de garantizar la existencia de una profesión independiente. Además, se detalla que las y los abogada/os que defienden los derechos humanos gozan también de todos los derechos reconocidos por los instrumentos y la jurisprudencia internacional para las personas defensoras de los derechos humanos.
Lee el informe completo:
Para la versión en inglés: 