Nuevo informe de expertos legales: Se detectan retrocesos graves y deterioro sistemático en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica

Nueva York, 12 de diciembre de 2024 – La profundización de regímenes y políticas autocráticas en América Latina ha contribuido a un clima de retrocesos institucionales y ha disminuido la incidencia de los esfuerzos anticorrupción en la región, de acuerdo con la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2023-2024” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Cyrus R. Vance Center for International Justice.

El informe, disponible en español, inglés, y portugués, evalúa los esfuerzos legales y las deficiencias para prevenir y sancionar la corrupción en dieciocho países, identificando varios problemas principales:

• Las condiciones indispensables para una labor independiente de las autoridades anticorrupción prevalecen en pocos casos.
• Las disposiciones, instituciones y políticas públicas en materia preventiva presentan debilidades significativas en la mayor parte de la región.
• Hay una necesidad generalizada de crear, fortalecer e invertir en las capacidades institucionales para frenar la corrupción, a través de inversiones y estrategias de política pública sostenidas, tecnología y equipo adecuado para las instituciones, y capacitación y profesionalización del personal.
• La mayoría de los países presenta bajos o nulos niveles de protección a denunciantes.
• Se carece de un enfoque integral y de derechos humanos para articular los esfuerzos anticorrupción.

El informe plantea cuatro recomendaciones principales para abordar esta problemática:

1. Promover estrategias, acciones y políticas públicas para el fortalecimiento integral de las capacidades institucionales de las autoridades en materia anticorrupción, para contar con recursos, competencias y herramientas de acción indispensables para una labor eficaz.
2. Impulsar políticas, estrategias y acciones para asegurar la independencia de autoridades anticorrupción, tanto a nivel administrativo, como de persecución penal y de la judicatura, contribuyendo a frenar el clima de regresión institucional.
3. Mejorar la legislación y las políticas públicas para promover una ética e integridad en el servicio público basada en buenas prácticas internacionales.
4. Generar alianzas y esfuerzos conjuntos para el desarrollo de sistemas integrales en materia anticorrupción, sustentados desde un enfoque integral y de derechos humanos.

Según Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center, “La creciente tendencia autoritaria al nivel global ha tenido un claro efecto en los esfuerzos anticorrupción en América Latina en los últimos dos años, desde la última evaluación. Aunque hemos visto algunos avances en la región, y algunos países siguen liderando en este ámbito, lamentablemente estamos siendo testigos de más retrocesos que avances. La comunidad jurídica debe dar un paso al frente para desempeñar su papel esencial para fortalecer el Estado de derecho y apoyar los esfuerzos anticorrupción antes de que sea demasiado tarde”.

En comparación con la edición de 2021-2022, si bien se detectan mejoras puntuales en diversos casos, la evaluación de 2023-2024 identifica un retroceso general en la región. Las condiciones indispensables para una labor institucional independiente prevalecen en pocos casos, como Uruguay. Los avances y prácticas constructivas se identifican en algunos países como República Dominicana, que pueden ser referente para la mejora institucional en la región.

Sin embargo, en la mayoría de la región, se nota escándalos de corrupción o un alto nivel de impunidad. En algunos países continúa y se acentúan contextos de deterioro sistémico y regresiones incluyendo Venezuela, Nicaragua, El Salvador y México.

Uruguay es el país mejor clasificado, con un puntaje total de 5,95, y Nicaragua tiene la clasificación más baja, de solo 1,28. (Ver anexo)

El informe destaca que la legislación no ha tenido avances significativos en temas relevantes a nivel regional, y la falta de voluntad política junto con una ola de regímenes autocráticas frenan el avance de la lucha contra la corrupción. En los países más afectados por la violencia, particularmente en Centroamérica, la corrupción es considerada cada vez en mayor medida como una de las causas estructurales de la migración.

La evaluación emplea criterios cuantitativos y cualitativos para clasificar a los países en el éxito de sus esfuerzos anticorrupción de cero (más bajo) a diez (más alto). Los criterios se centran en aspectos clave de la lucha contra la corrupción: corrupción en el sector público y privado, mecanismos de denuncia y protección de denunciantes, organismos especializados, mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información. El reporte se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia práctica de los abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y otros.

El Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos reúne a profesionales del derecho de la práctica privada en las Américas para combatir la corrupción, apoyar el Estado de derecho y el trabajo de la sociedad civil. El Consejo de Abogados está integrado por 18 abogadas y abogados de 14 países, distinguidos en la práctica legal privada a nivel nacional y regional, con compromiso cívico demostrado.

Lea el informe completo aquí: bit.ly/LCEAL24DS.

El resumen ejecutivo, factsheets por país e infografías están disponibles aquí: bit.ly/LCEAL24M.

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Sobre el Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center)

El Cyrus R. Vance Center for International Justice promueve la justicia global mediante la participación de profesionales del derecho alrededor del mundo para apoyar a la sociedad civil y a una profesión legal éticamente activa. Es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que reúne a los principales estudios jurídicos y a otros colaboradores en todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita a organizaciones de sociedad civil que luchan por la justicia social. www.vancecenter.org

Sobre el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York

La misión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, fundado en 1870 y con 23,000 miembros, es equipar y movilizar una profesión legal diversa para ejercer con excelencia, promover la reforma de la ley y defender el Estado de derecho y el acceso a la justicia en apoyo de una sociedad justa y el interés público en nuestra comunidad, nuestra nación y en todo el mundo. www.nycbar.org