Proceso de Nombramiento de las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Guatemala
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El año 2024 será un proceso complejo para Guatemala, debido a que el proceso anterior del 2019 no finalizó con el nombramiento de las cortes en el tiempo que establece la Constitución de la República, sentándose un mal precedente que prolongó las funciones de las cortes hasta 2023, cuando debían entregar sus cargos en 2019. Asimismo, Guatemala tiene hasta la fecha un contexto grave de criminalización de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos en el que las cortes han sido actores principales caracterizados por falta de independencia. Además, en Guatemala recién ha finalizado un proceso electoral para elección de Presidente y Vicepresidente de la república, marcado de innumerables acciones judiciales, que pusieron en grave riesgo la institucionalidad democrática del país. Esos hechos motivaron que la comunidad internacional se pronunciara activamente en defensa del Estado de derecho y la transición pacífica del poder.
La forma en que se lleve a cabo la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones en Guatemala es fundamental para el Estado de derecho, para garantizar el equilibrio de poderes y la certeza jurídica. Las nuevas cortes en Guatemala tendrán la responsabilidad de actuar de manera independiente y frenar abusos de poder de actores que han sido señalados y sancionados por corruptos y anti-democráticos.
El Vance Center reconoce que el bienestar de una sociedad depende del buen funcionamiento del Estado de derecho, como elemento fundamental para el ejercicio de los derechos civiles y económicos y para una economía nacional próspera. Las empresas existen solo como resultado de las leyes que permiten su constitución y les otorgan poderes y responsabilidades. Sus actividades prosperan en estados en los que “todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, son responsables de las leyes que se promulgan públicamente, se aplican de forma igualitaria y se juzgan de forma independiente, y que son compatibles con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
Como se ve, el no contar con una justicia independiente en Guatemala tiene consecuencias directas en el nivel de impunidad. A su vez, altos niveles de impunidad afectan el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, generando espacios para que la corrupción y la inseguridad florezca. Adicionalmente, estas afectaciones con causas estructurales para la migración, que aunado a un tema de inseguridad, afecta gravemente a la comunidad internacional.
El Vance Center busca vincularse con sectores claves de la profesión legal guatemalteca e internacional para apoyar y dar seguimiento este proceso, así como identificar las consideraciones esenciales para dar cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales para la selección de funcionarios judiciales y como consecuencia otros estándares internacionales que requieren, como presupuesto, una justicia independiente.
Adicionalmente, busca abonar a la discusión del proceso mediante el cual se nombra a los Magistrados y una necesaria reforma al sistema de justicia para garantizar una verdadera independencia judicial.
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