Renovación de la Corte de Constitucionalidad 2021: Clave para el futuro del Estado de derecho en Guatemala
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El Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos), un grupo multi-jurisdiccional de profesionales del Derecho, viene observando el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala y de otros altos tribunales del país, por constituir acontecimientos relevantes para el Estado de derecho en este país y en la región.
Como abogadas y abogados en ejercicio privado, el Lawyers Council reconoce la primordial importancia del Estado de derecho para el desarrollo económico, para asegurar la seguridad pública y la integridad de las entidades gubernamentales y así evitar la fuga de capitales locales y de multinacionales. El Estado de derecho es particularmente importante cuando las empresas extranjeras evalúan invertir fuera de sus países. Cualquier análisis de inversión exige una evaluación comparativa entre los potenciales destinos de la inversión sobre las garantías jurídicas existentes, en particular, una evaluación de la posibilidad que ofrece cada jurisdicción de que las controversias que puedan llegar a suscitarse podrán resolverse de conformidad con la ley, y con un grado razonable de seguridad de que no habrán influencias indebidas. Un país incapaz de asegurar la protección del Estado de derecho pierde competitividad frente a otros que logran ofrecer más seguridad jurídica.
El 13 de abril de 2021 las y los cinco magistrados de la CC concluyen su mandato de cinco años, y cinco nuevos magistrados deben ser nombrados con anterioridad. El Lawyers Council respetuosamente recomienda a los cinco órganos electores (Presidente de la República, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Universidad San Carlos y Colegios de Abogados y Notarios), y a la comunidad jurídica en Guatemala poner especial cuidado y atención a las siguientes consideraciones en torno al proceso electoral de magistrados, basadas en estándares y buenas prácticas internacionales:
- Conducir un proceso abierto, transparente y participativo para evitar la politización y espacios de corrupción, y permita que la comunidad jurídica y sociedad en general apoye con la evaluación de las personas candidatas
- Las decisiones políticas implican discreción, pero no arbitrariedad; los órganos políticos deben justificar y razonar sus decisiones.
- Es fundamental que la comunidad jurídica y el sector privado en Guatemala se involucren y participen en el proceso.
- La evaluación de las personas candidatas debe guiarse por un perfil que privilegie la capacidad profesional y calidad íntegra.
Es fundamental contar no solo buenos perfiles de las y los magistrados que impartirán justicia en Guatemala, sino un tribunal que cuente con legitimidad y goce de la confianza pública.
Las personas integrantes de los órganos electores tienen una responsabilidad histórica en el futuro del Estado de derecho en Guatemala.
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