Análisis sobre la situación actual de denuncia y alerta en Argentina, Colombia y México
La corrupción afecta el disfrute de los derechos humanos, acentúa las desigualdades y genera discriminación en la implementación de las políticas públicas. Asimismo, incapacita a las autoridades para el pleno desempeño de sus funciones, convirtiéndola en uno de los principales obstáculos para el progreso y desarrollo nacional en todo el mundo.
Por estas razones, el Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, en adelante “Lawyers Council”), un programa del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, ha establecido la lucha contra la corrupción como uno de los pilares de su trabajo.
El esfuerzo del Lawyers Council se centra, desde la perspectiva de la práctica legal, en analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios e institucionales para prevenir, sancionar y combatir la corrupción. El Lawyers Council ha publicado dos ediciones de la Evaluación Anticorrupción en América Latina para mapear, sistematizar y guiar los esfuerzos legales en la región para prevenir y combatir la corrupción.
En la última Evaluación Anticorrupción se examinó el tema de la protección de denunciantes en América Latina, resaltando que en la mitad de los países estudiados existe una carencia o insuficiencia de mecanismos para proteger a quienes denuncian actos de corrupción. Esta falta de protección actúa como un desincentivo para reportar este tipo de prácticas ilícitas. En seguimiento a su trabajo anticorrupción, en asociación con la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Transparencia por Colombia y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano DLM ha producido este reporte para Argentina, Colombia y México.
Los avances observados en estos tres países son diversos, pero comparten un objetivo común: establecer un marco legal de protección efectivo para los denunciantes y promover gradualmente una cultura de la denuncia. La información reportada de los tres países revela una falta de legislación a nivel local y una ausencia generalizada a nivel nacional.
En los tres países se identifican riesgos para los denunciantes de corrupción, desde amenazas contra la vida e integridad, hasta represalias laborales y afectaciones a la reputación e incluso a la salud mental. Además, se suma el preocupante clima de violencia que prevalece en cada uno de estos países.
La falta de resultados de las denuncias de corrupción existentes y de marcos normativos específicos inciden en la escasez de denuncias sobre este tipo de actos ilícitos. El escaso progreso de la legislación en los tres países examinados resalta la urgencia de impulsar el debate, de estudiar los contextos y de elaborar leyes de protección a denunciantes que aborden de forma eficaz tanto los retos contextuales específicos como las capacidades para su implementación en cada país.
Este informe incluye un análisis detallado sobre el desarrollo de la normativa de protección a los denunciantes, así como los desafíos que enfrentan en sus respectivos contextos. Tanto Argentina como Colombia y México han registrado intentos fallidos de legislación que no han culminado en una ley de protección a los denunciantes, los proyectos de ley en curso se encuentran con resistencias legislativas. El informe proporciona una visión específica sobre la lucha contra la corrupción y el mecanismo de denuncias a nivel nacional y local en estos países.
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