Impacto diferenciado de la corrupción en la población migrante y los mecanismos de denuncia y protección a denunciantes de corrupción en México
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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. La corrupción afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.
Todas estas consecuencias de la corrupción tienen como consecuencia, entre otras, la corrupción. A su vez, para las personas migrantes, la corrupción genera otros problemas diferenciados de la población en general.
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) y el Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos), un programa del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, como parte de su trabajo anticorrupción, han producido este estudio. El análisis pretende contribuir a mejorar el entendimiento del contexto de corrupción que se propicia a partir del caso y marco jurídico mexicano en materia migratoria, de la dimensión e impacto diferenciado de la corrupción en la población migrante, así como de los mecanismos de denuncia y protección a denunciantes de actos de corrupción disponibles para ese grupo vulnerable.
La Evaluación Anticorrupción para Latinoamérica mapea sistemáticamente y guía esfuerzos legales en Latinoamérica para prevenir y combatir la corrupción. La última edición (2021-2022) incluyó en el mapa del estatus legal y práctica a diecisiete países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Esta evaluación analiza los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción en cada uno de los países. Este documento recoge la visión de la comunidad jurídica dedicada a la práctica anticorrupción desde diversos sectores, incluida la práctica en firmas jurídicas, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Uno de los hallazgos de esta Evaluación Anticorrupción es que en una pluralidad de los países en la región se identifica que la población migrante es de la más afectada por la corrupción.
Este estudio comparativo visualiza el marco jurídico de derechos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional, a la vez que hace un análisis de la situación de corrupción y violación de derechos humanos de las personas en movilidad, el impacto diferenciado en migrantes y los mecanismos de denuncia y protección en los ámbitos administrativos y penal.
Si bien la población migrante no es un tema exclusivo de México, este informe se enfoca en la situación de México por ser un país de origen, de tránsito, de destino y a raíz de recientes acuerdos migratorios con EE.UU., cada vez más, de retorno de la migración internacional.
La actual política migratoria, la mala gestión de los flujos migratorios y la falta de transparencia y rendición de cuentas del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional agravan el grado de vulnerabilidad a que están expuestos los niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBT+, personas con discapacidad y adultos mayores migrantes. El presente documento se basa en fuentes oficiales, académicas e insumos generados por la sociedad civil, que ofrecen datos y análisis sobre la percepción, la prevalencia y los costos de la corrupción en México, así como sobre las características y los desafíos de la población migrante en el país.
DLM y el Vance Center pretenden que este estudio sea un insumo para autoridades y la comunidad jurídica para el diseño e implementación de políticas públicas que prevengan, combatan y sancionen la corrupción en el ámbito migratorio, faciliten los mecanismos de denuncia y protección para la población migrante que es víctima de corrupción y delitos, se promueva la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades migratorias y aquellas de seguridad pública que intervienen en funciones migratorias, y que se garanticen los derechos humanos y la integridad de las personas migrantes.
El Vance Center agradece el apoyo del Chubb Rule of Law Fund para abordar este asunto.
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