La criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala
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El Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (Vance Center) publicó el informe “La criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala- estrategia para asegurar la impunidad”. El informe identifica un patrón sistemático de criminalización de juezas, jueces y fiscales independientes que llevaron casos de corrupción de alto nivel contra actores del gobierno y otros grupos. El patrón sistemático de criminalización es una estrategia para asegurar la impunidad en Guatemala.
El análisis muestra un aumento de los ataques a la independencia de juezas, jueces y fiscales, especialmente tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. Los ataques se intensificaron cuando las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fueron obstaculizadas y cuando fue destituido su Fiscal Jefe. Desde entonces, las y los jueces y fiscales que se ocupan de casos de alto impacto han sido blanco de acciones que van desde campañas de difamación y hostigamiento, a través de las redes sociales, hasta denuncias administrativas y penales.
El informe encuentra que los estándares internacionales para proteger la independencia judicial durante los procesos disciplinarios no han sido respetados en Guatemala, en violación de los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas y los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El informe identifica los siguientes patrones principales que vulneran la independencia del poder judicial en Guatemala:
- En la mayoría de los casos, los actuales querellantes contra juezas, jueces y fiscales son personas que habían sido investigadas por corrupción por ellos. A pesar de que las personas operadores de justicia realizaron estas investigaciones en cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, hoy sufren represalias por haber investigado.
- Ciertas organizaciones e individuos inician regular y sistemáticamente procedimientos judiciales o disciplinarios en represalia contra juezas, jueces y fiscales. Estos también están involucrados en actos de intimidación contra personas operadoras de justicia.
- La temporalidad de estas denuncias es otro factor alarmante ya que todas coinciden y se intensifican con la salida de la CICIG y el control de la fiscalía y las altas cortes.
- A pesar de la falta de fundamentos sustanciales, las y los jueces han sido despojados de su inmunidad judicial en procesos que violan las reglas mínimas del debido proceso. La Corte Suprema ha procesado solicitudes de ciertas organizaciones e individuos con efectividad sospechosa.
- Es muy sospechoso el alto número de denuncias contra cada operador de justicia en la lucha contra la corrupción. Esto demuestra una estrategia para abusar de cualquier opción legal disponible para eliminar la participación de jueces, fiscales y otros operadores de justicia en procesos e investigaciones.
La implementación de estos patrones en los últimos años ha resultado en el arresto, traslado, desplazamiento y exilio de más de 25 personas. El esquema se ha extendido a líderes sociales, defensores de derechos humanos y prensa independiente.
Como resultado, muchas organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, como los de Estados Unidos y la Unión Europea, han expresado su preocupación por la criminalización y persecución de jueces, fiscales y ex miembros de la CICIG.
Recomendaciones claves:
- El Ministerio Público y las demás autoridades de Guatemala deben analizar y desestimar las denuncias contra juezas, jueces y fiscales y demás operadoras de justicia basadas en razones espurias o políticas, carentes de verdaderos medios de convicción.
- Todo proceso contra de personas operadoras de justicia debe realizarse con prontitud y debido proceso; asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información, publicidad y debida defensa de los imputados.
- Las autoridades guatemaltecas deben analizar y tomar las medidas correspondientes en contra de las personas que amenazan públicamente a las personas operadores de justicia de manera recurrente y sistemática, abusando de los recursos legales para ejercer represalias en su contra.
- El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben responder de manera efectiva a las solicitudes de protección de las personas criminalizadas.
Este informe se basa en un análisis de documentos, entrevistas y cuestionarios reunidos entre 2021 a 2022 y realizados a personas que fueron o son operadores de justicia en Guatemala. El Vance Center también agradece el apoyo técnico para este informe del Consorcio Internacional de Asistencia Legal, del cual el Vance Center es miembro.
