Guía para el otorgamiento de medidas de protección a denunciantes y alertadores de corrupción en materia administrativa
La corrupción es un desafío cada vez más complejo que tiene un impacto directo en los derechos humanos de la sociedad, además de socavar el desarrollo económico y la confianza en nuestras instituciones. Los alertadores y denunciantes juegan un papel crucial al exponer actos corruptos, pero enfrentan riesgos significativos, incluidas represalias y estigmatización. En un contexto como lo es el de México, es imperativo que se les ofrezca la protección y el apoyo necesarios para asegurar su seguridad y fomentar un entorno en el que más ciudadanos se sientan empoderados para denunciar y combatir la corrupción.
Esta guía está basada en los principios y estándares internacionales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en el marco legal aplicable en México. A través de sus páginas, proporcionaremos lineamientos claros y prácticos para analizar, tramitar y conceder medidas de protección. Además, destacaremos la importancia de prevenir la obstrucción de la justicia y los conflictos de interés, asegurando que los denunciantes puedan proceder sin temor a represalias.
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM) y el Vance Center pretenden que esta guía sea un insumo para mejorar las capacidades y conocimiento de las autoridades y la comunidad jurídica, facilitar los mecanismos de denuncia y protección para alertadores, denunciantes y víctima de corrupción y delitos, se promueva la transparencia y rendición de cuentas, se promueva la cultura de la denuncia y combate a la corrupción e impunidad, y que se garanticen los derechos humanos y la integridad de las personas que denuncian actos de corrupción y/o faltas administrativas.
Nuestro objetivo es contribuir a la capacitación del servicio público y al desarrollo de un sistema robusto y eficiente que no solo proteja a quienes se atreven a alertar o denunciar la corrupción, sino que también promueva una cultura de legalidad y ética pública. Esperamos que esta guía sea un paso adelante en la consolidación de prácticas preventivas, justas y transparentes, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en nuestra sociedad.
