La corrupción es un desafío cada vez más complejo que tiene un impacto directo en los derechos humanos de la sociedad, además de socavar el desarrollo económico y la confianza en nuestras instituciones. Los alertadores y denunciantes juegan un papel crucial al exponer actos corruptos, pero enfrentan riesgos significativos, incluidas represalias y estigmatización. En un contexto como lo es el de México, es imperativo que se les ofrezca la protección y el apoyo necesarios para asegurar su seguridad y fomentar un entorno en el que más ciudadanos se sientan empoderados para denunciar y combatir la corrupción.
Esta guía está basada en los principios y estándares internacionales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en el marco legal aplicable en México. A través de sus páginas, proporcionaremos lineamientos claros y prácticos para analizar, tramitar y conceder medidas de protección. Además, destacaremos la importancia de prevenir la obstrucción de la justicia y los conflictos de interés, asegurando que los denunciantes puedan proceder sin temor a represalias.
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM) y el Vance Center pretenden que esta guía sea un insumo para mejorar las capacidades y conocimiento de las autoridades y la comunidad jurídica, facilitar los mecanismos de denuncia y protección para alertadores, denunciantes y víctima de corrupción y delitos, se promueva la transparencia y rendición de cuentas, se promueva la cultura de la denuncia y combate a la corrupción e impunidad, y que se garanticen los derechos humanos y la integridad de las personas que denuncian actos de corrupción y/o faltas administrativas.
Nuestro objetivo es contribuir a la capacitación del servicio público y al desarrollo de un sistema robusto y eficiente que no solo proteja a quienes se atreven a alertar o denunciar la corrupción, sino que también promueva una cultura de legalidad y ética pública. Esperamos que esta guía sea un paso adelante en la consolidación de prácticas preventivas, justas y transparentes, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en nuestra sociedad.