Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020

La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 es un estudio regional para ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y Perú), que mapea los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción. A diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción. Este documento recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.

Este estudio aborda por cada uno de los países analizados siete aspectos muy relevantes para la lucha  anticorrupción: corrupción en el sector público y privado, mecanismos de denuncia y protección a denunciantes/alertadores, autoridades especializadas, mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil, y transparencia y acceso a la información.Este reporte destaca lo siguiente: Aunque el marco jurídico en general es satisfactorio, el mayor reto identificado en Argentina fue la inadecuada implementación de la legislación vigente por falta de voluntad política, falta de independencia de autoridades anticorrupción, falta de recursos económicos y humanos, y ausencia de mecanismos formales para la participación de sociedad civil. En Brasil ha habido avances en el marco jurídico, pero además de falta de voluntad política para implementar eficazmente el marco jurídico anticorrupción y la influencia política en las autoridades anticorrupción, se mencionó la necesidad de establecer responsabilidad penal de personas jurídicas por actos de corrupción. En Chile, en general la implementación de las normas es efectiva y las autoridades tienen la capacidad e independencia para implementar las normas anticorrupción. En Colombia, destaca la falta de implementación por falta de voluntad política, y la insuficiencia de mecanismos de detección y prevención de la corrupción.
La información obtenida mediante dos cuestionarios completados por las firmas de los integrantes del Lawyers Council y la comunidad jurídica de los países participantes, se dividió en tres categorías: legislación, implementación y autoridades. Con esta información y de acuerdo con la metodología desarrollada, se calculó la calificación final en una escala del cero (0) al diez (10), donde cero es la calificación más baja y diez la más alta. De las calificaciones generales, Chile obtuvo la calificación más alta y Guatemala la más baja.

En Guatemala, el marco jurídico es insuficiente y existe una fuerte debilidad institucional, destacando funcionarios públicos que en lo particular llevan a cabo los esfuerzos anticorrupción existentes. A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción. A pesar ser la única jurisdicción que está implementando un registro de beneficiarios finales, Panamá tiene un marco jurídico insuficiente y deja de lado aspectos fundamentales para combatir la corrupción, sumado a una baja capacidad institucional. Finalmente, el Perú cuenta con uno de los marcos jurídicos más sólidos, aunque la implementación se ve afectada por falta de voluntad política y barreras en normas procesales.

De acuerdo con el análisis regional, en la mayoría de los países latinoamericanos la lucha anticorrupción se concentra en sancionar desde el derecho penal, pero los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público y privado son insuficientes. De igual manera los mecanismos de coordinación institucional, los incentivos para denunciar y las normas que prevén la participación formal de la sociedad civil en esfuerzos anticorrupción son inexistentes o mínimos, siendo factores muy relevantes para la lucha anticorrupción.

Respecto a los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector público, la mayoría de los mecanismos están enfocados en el poder ejecutivo, y no existen obligaciones para otros poderes y órganos autónomos. Respecto a los esfuerzos para prevenir la corrupción en el sector privado, la mayoría de los países cuenta con regulación que incentiva el contar con programas de cumplimiento, sin embargo, no son obligatorios pues su implementación es opcional y salvo en un caso, no existen guías para su cumplimiento y verificación.

Respecto a la implementación del marco jurídico anticorrupción, en la mayoría de los países se identificó la falta de voluntad política y la falta de independencia material de las instituciones como el principal obstáculo para prevenir, combatir o sancionar la corrupción. En algunos países es muy preocupante la falta de independencia de poderes judiciales y ministerios públicos, o la baja capacidad por falta de recursos humanos, financieros u otros. Aunque existen avances importantes en materia de transparencia como un mecanismo para prevenir la corrupción, solamente Panamá cuenta con regulación y está llevando a cabo esfuerzos para el registro de beneficiarios finales. Finalmente, en ningún país se detectó un enfoque de derechos humanos en la lucha anticorrupción, lo cual tiene implicaciones para el ejercicio de los derechos de las víctimas de la corrupción y la reparación por la violación a estos derechos humanos.

Las recomendaciones por país y a nivel regional son un llamado a la acción de la comunidad jurídica para hacer frente a los retos mencionados. Las recomendaciones regionales de este reporte destacan la importancia de impulsar el desarrollo y uso de la tecnología en los mecanismos para prevenir la corrupción, el involucramiento del sector privado de cada país y a nivel regional para impulsar esfuerzos de la comunidad jurídica en materia anticorrupción, promover la cooperación regional de la comunidad jurídica para la promoción de prácticas anticorrupción, e impulsar la creación de una relatoría anticorrupción dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.