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Prácticas para el Acceso a la Justicia

Descripción de los proyectos

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A lo largo de América Latina, las comunidades pobres y marginadas enfrentan obstáculos graves en acceder a la justicia, en gran parte debido a la escasez de patrocinio jurídico idóneo. Las organizaciones legales de interés público pocas veces tienen recursos suficientes para contratar a abogados a tiempo completo para asistir a las comunidades más necesitadas, mientras que las facultades de derecho generalmente no forman ni apoyan a aquellos estudiantes interesados en dedicarse a este tipo de trabajo después de su graduación, limitando la disponibilidad de servicios legales.

Las barreras en el camino de la abogacía de interés público en América Latina comienzan con las características de la formación que reciben los abogados. En particular, la educación jurídica se caracteriza por planes de estudios y métodos de enseñanza formalistas, en los cuales se postergan las experiencias prácticas en asesoramiento jurídico hasta cerca del final del proceso educativo, si se incluyen. Por ende, los graduados en derecho muchas veces se encuentran poco preparados para asumir tareas jurídicas de interés público por si solos.

Asimismo, hay una deficiencia de empleos de abogacía de interés público en las organizaciones de la sociedad civil para los cuales los graduados pueden postularse. Si bien América Latina tiene una rica tradición de movimientos sociales que abogan por la justicia social, los abogados jóvenes pocas veces tienen los recursos para prestarles sus servicios a tiempo completo. Los limitados recursos institucionales disponibles en este campo generan importantes obstáculos de ingreso a las carreras de abogacía de interés público para aquellos graduados provenientes de los sectores menos privilegiados, que deben obtener un trabajo rentado inmediatamente después de recibirse.

Las Prácticas para el Acceso a la Justicia del Vance Center abordan estos obstáculos de ingreso mediante la financiación privada de abogados recién graduados para dedicarse a un proyecto de acceso a la justicia por un año en una organización miembro de la Red Pro Bono de las Américas. Los proyectos se enfocarán en las necesidades de comunidades pobres y marginadas, como violencia de género, accesibilidad para personas con discapacidad y el derecho a servicios sociales. La Práctica, que se implementará inicialmente en Argentina, Colombia y México, se basa en modelos de pasantías existentes en los Estados Unidos que dirigen fondos de estudios jurídicos y corporaciones para pagar los salarios de abogados recién graduados en organizaciones jurídicas sin fines de lucro.

Asimismo, el Vance Center trabajará con las organizaciones y practicantes a fin de elaborar un curso intensivo de una semana para abordar las vacancias en la formación jurídica de interés público. Los docentes del curso serán abogados internacionales y locales, así como cualquier financiador que desee participar. A lo largo del tiempo, la Práctica desarrollará una vía de acceso a carreras de abogacía de interés público y conformará una comunidad de abogados de interés público, en miras de contribuir a una transformación sistémica en el tipo de patrocinio jurídico disponible a las personas más necesitadas en América Latina.

Conoce los detalles de los proyectos abajo

Conoce mas información y detalles para el proceso de aplicación aquí.

Países participantes y proyectos

Argentina

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Argentina, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Comisión Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“la Comisión”), una organización miembro ...

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Argentina

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Argentina, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Comisión Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“la Comisión”), una organización miembro de la Red Pro Bono de las Américas. A través de la Práctica, la Comisión propone desarrollar una alianza para abordar las necesidades legales de las personas beneficiarias de la Asociación Red Viva, que apoya a niños, niñas y adolescentes que han atravesado situaciones de violencia y abuso sexual.

¿Por qué es necesario desarrollar este proyecto pro bono en Argentina?

La violencia y el abuso sexual infantil es un grave problema que ha ganado visibilidad en Argentina recientemente. Por ejemplo, una línea telefónica gubernamental que recibe denuncias de estos casos identificó 2.986 casos de esta índole en el período 2018-2019, un aumento significativo de un 50% por sobre la estadística del año anterior.[1] El crecimiento de estos casos podría deberse a la mayor visibilidad que ha tenido la problemática a partir de la implementación de programas de educación sexual integral (ESI) en las escuelas: un informe reciente, por ejemplo, estimó que un 80% de los casos en Buenos Aires fueron denunciados a raíz de las clases de ESI.[2] El aumento en la cantidad de casos también produce un auge en la demanda de servicios jurídicos para garantizar el acceso a la justicia en estos casos.

Este proyecto aportará a la lucha contra la violencia y el abuso sexual infantil en Argentina mediante el fortalecimiento de las capacidades de la Asociación Red Viva, que ha brindado servicios integrales para esta comunidad desde 2015. La Asociación Red Viva actualmente le ofrece servicios jurídicos a más de 140 niños, niñas y adolescentes, pero el volumen de expedientes legales que llevan es cada vez más extenso. Por ende, la Asociación requiere un nivel de apoyo adicional para poder abarcar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que asisten.

¿Qué implicará el proyecto y cómo se implementará?

La Comisión servirá de enlace entre los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia y abuso sexual y firmas de abogados participantes, que brindarán el patrocinio jurídico. El proyecto será implementado en dos etapas. Durante el primer período de seis meses, abogados y abogadas del equipo de géneros del Comité tomarán un caso bimensual, permitiéndoles identificar las fortalezas y debilidades en la estructura organizacional propuesta. Asimismo, realizarán capacitaciones y actividades de sensibilización con abogados y abogadas de la Red Pro Bono más ampliamente, así como talleres de alfabetización legal para aquellas personas que forman parte de la Asociación Red Viva. En la segunda fase, el programa facilitará el patrocinio de diez (10) casos adicionales. Finalmente, el proyecto también pretende elaborar un análisis sistemático de los casos denunciados a fin de desarrollar recomendaciones estratégicas sobre el litigio de casos de violencia y abuso sexual infantil.

¿Por qué la Comisión constituye un espacio idóneo para llevar adelante este trabajo?

La Comisión concentra sus esfuerzos en brindar servicios legales pro bono en casos que atentan contra los intereses colectivos y que, como consecuencia, tendrán efectos sobre amplios sectores de la sociedad. Cuenta con conocimiento especializado en derechos de personas con discapacidad, derechos de niños, niñas y adolescentes, transparencia política, microfinanzas y asesoramiento a organizaciones no-gubernamentales. Su experticia cobrará una importancia central para la capacitación en litigio estratégico en esta materia para las personas participantes de la Asociación Red Viva y de los abogados y las abogadas pro bono.

[1] UNICEF Argentina, “Un análisis de los datos del programa “Las Víctimas Contra las Violencias” 2018-2019,” noviembre 2019, disponible en: https://www.unicef.org/argentina/media/6776/file/Datos%20%22Las%20v%C3%ADctimas%20contra%20las%20violencias%22%202018-2019.pdf .

[2] Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la CABA. “Casi 80% de los niños víctimas de abuso sexual denunciaron a raíz de las clases de ESI,” 8 de enero 2020, disponible en: https://mptutelar.gob.ar/casi-80-de-los-ni%C3%B1os-v%C3%ADctimas-de-abuso-sexual-denunciaron-ra%C3%ADz-de-las-clases-de-esi .

Colombia

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Colombia, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Fundación Pro Bono Colombia para establecer una asociación médico-legal, que brindará servicios jurídicos en clínicas y hospitales para abordar l...

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Colombia

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Colombia, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Fundación Pro Bono Colombia para establecer una asociación médico-legal, que brindará servicios jurídicos en clínicas y hospitales para abordar los determinantes sociales de la salud y atender a los obstáculos en el acceso a los servicios de salud. El proyecto pretende transformar el modelo de entrega del servicio de salud, ofreciéndoles herramientas a los prestadores de servicios de salud para identificar las necesidades legales insatisfechas que podrían afectar la salud y el cuidado de sus pacientes.

¿Por qué hay una necesidad de implementar este proyecto pro bono en Colombia?

Este componente de la Práctica de Acceso a la Justicia aborda dos problemas interconectados: primero, que los pacientes en Colombia enfrentan diversos problemas legales en acceder a los servicios de salud efectivamente, y segundo, que las necesidades legales insatisfechas de los pacientes pueden afectar a su salud y bienestar aún más que el cuidado médico tradicional. Precisamente, debido a problemas estructurales en el sistema de salud de Colombia, los pacientes muchas veces intentan resolver las barreras en el acceso a la salud mediante el sistema judicial, generando desigualdades en el acceso a la salud basados en diferencias en el acceso a los servicios legales, un esquema de entrega de servicios de salud ineficiente y débiles resultados de salud para los pacientes. Una colaboración más profunda entre los profesionales que proveen servicios médicos y aquellos que brindan servicios legales podría facilitar una resolución más eficiente de estos obstáculos.[1]

Asimismo, como en otros países, la salud de los pacientes puede verse afectada negativamente por diversos factores sociales, como las condiciones de vivienda inseguras, la pobreza y el desempleo. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud a instado a los gobiernos nacionales a fortalecer la equidad en materia de salud abordando los determinantes sociales de la salud.[2] Los múltiples modelos de asociaciones médico-legales elaborados en otros países ofrecen indicadores prometedores que tales colaboraciones pueden ayudar a abordar estos factores sociales que comprometen la salud de los pacientes.[3]

¿Qué implicará el proyecto y cómo se implementará?

La persona practicante seleccionada asistirá a la Fundación Pro Bono Colombia en lanzar un programa piloto en colaboración con una entidad prestadora de salud y coordinará una red de abogados pro bono que participarán en esta iniciativa. El proyecto integrará tres estrategias. Primero, proporcionará servicios legales directos para atender a las necesidades de pacientes en situación de pobreza y sus familias. Asimismo, el programa piloto elaborará capacitaciones y actividades de formación jurídica para que los prestadores de servicios de salud puedan identificar las necesidades legales de sus pacientes mejor. En tercer lugar, el programa identificará barreras estructurales a los derechos fundamentales de los pacientes en tanto estos afectan a su salud, a fin de promover cambios sistemáticos a las políticas de salud y en las políticas públicas para garantizar estos derechos que afectan a la salud.

¿Por qué la Fundación Pro Bono Colombia constituye una organización idónea para llevar adelante este trabajo?

La Fundación Pro Bono Colombia pretende facilitar el acceso al patrocinio jurídico canalizando las necesidades de comunidades vulnerables hacia una red de abogados voluntarios altamente capacitados y comprometidos con la responsabilidad social. La Fundación brinda patrocinio en casos individuales, ya sea a personas físicas, instituciones o comunidades, cuyo impacto típicamente se limita a la persona patrocinada. A través de una línea de trabajo sobre casos estructurales, también brinda servicios legales para iniciativas legislativas, litigio estratégico y proyectos de impacto social estructurales. Por lo tanto, la Fundación Pro Bono Colombia cuenta con la experiencia, tanto en la entrega de servicios legales y en actividades de incidencia para cambios sistemáticos, necesaria para cumplir con los objetivos de este proyecto piloto.

[1] Jorge Martín Rodríguez Hernández, Diana Patricia Rodríguez Rubiano y Juan Carlos Corrales Barona, “Barriers to administrative access to health services in the Colombian population, 2013,” Ciênc. saúde coletiva, Vol 20, Num. 6, junio 2015, disponible en https://www.scielosp.org/article/csc/2015.v20n6/1947-1958/ .

[2] Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, “Cerrando la brecha en una generación: equidad en la salud a través de acción sobre los determinates sociales de la salud,” 2008, disponible en: who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf .

[3] Marsha Regenstein, Jennifer Trott, Alanna Williamson, t Joanna Theiss, “Addressing Social Determinants Of Health Through Medical-Legal Partnerships,” Health Affairs, Vol. 37, No. 3, pp. 378–385.

México

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia, uno de los abogados trabajará en un proyecto colaborativo entre la Fundación Barra Mexicana y el Centro Mexicano Pro Bono, ambas organizaciones miembros de la Red Pro Bono de las Américas....

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México

          Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia, uno de los abogados trabajará en un proyecto colaborativo entre la Fundación Barra Mexicana y el Centro Mexicano Pro Bono, ambas organizaciones miembros de la Red Pro Bono de las Américas. A través de la Práctica, estas dos organizaciones trabajarán juntas en un proyecto para fortalecer los servicios pro bono para víctimas de violencia de género mediante la elaboración de un kit de herramientas de abogacía necesarias para para el patrocinio jurídico pro bono efectivo de tales casos.

¿Por qué es necesario desarrollar este proyecto pro-bono en México?

Si bien la violencia de género es un fenómeno global que sirve para reforzar desigualdades sistémicas entre varones y mujeres, sus manifestaciones son especialmente severas en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese país, el 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida, y el 43,9% de las mujeres en ese país han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación.[1] Las formas extremas de violencia por razones de género se encuentran en aumento: más mujeres fueron asesinadas durante 2018 que en cualquiera de los 29 años anteriores, parte de un patrón consistente de aumentos en esta figura desde 2009.[2]

La Corte Inter-Americana de Derechos Humanos ha condenado al estado de México por su respuesta insuficiente a la violencia de género en un fallo que marcó estándares regionales sobre la debida diligencia en el abordaje de este tema.[3] Si bien las autoridades mexicanas han avanzado en el desarrollo de políticas públicas en la materia desde ese entonces, las tasas crecientes de violencia por motivos de género demuestra que es necesario interpelar a diversos actores más ampliamente para hacer frente a este problema.

¿Qué implicará el proyecto y cómo se implementará?

El proyecto consiste en un componente de una estrategia tripartita para fortalecer la participación de la sociedad civil y el sector privado con este tema. La persona practicante seleccionada estará encargada de elaborar un kit de herramientas jurídicas y de otra índole necesarias para garantizar una asistencia pro bono eficaz a personas en situación de violencia por razones de género. Este kit irá de la mano de la creación de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajarán de forma coordinada para identificar y mitigar el problema. Asimismo, complementará el desarrollo de una aplicación, elaborada por IBM y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer la capacidad de las mujeres de identificar situaciones de violencia por motivos de género y acceder a asistencia jurídica y psicológica.

¿Por qué las organizaciones miembras de la Red Pro Bono son instituciones idóneas para llevar adelante este trabajo?

Ambas organizaciones tienen trayectorias extensas en apoyar a organizaciones de servicios sociales para mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades de comunidades vulnerables en México. La Fundación Barra Mexicana lleva adelante un programa de orientación legal que brinda representación y asesoramiento sobre una gran variedad de temas, tanto a personas en situación de pobreza como a organizaciones de la sociedad civil. El Centro Mexicano Pro Bono enfoca su trabajo en apoyar a organizaciones sin fines de lucro, empredimientos sociales y pequeñas empresas. Por ende, el proyecto colaborativo se construirá sobre la experticia de ambas organizaciones a fin de consolidar el piso de conocimiento necesario para mejorar la provisión de servicios jurídicos para personas en situación de violencia por razones de género.

[1] De los incidentes de violencia de género denunciados a las autoridades, la violencia sexual y la violación son los delitos más comunes que se investigan posteriormente.

[2] INEGI, “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,” Comunicado de Prensa Número 568/2020, 23 de noviembre 2020, disponible en:

[3] Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie c, núm. 205.

Países participantes y proyectos

Argentina

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Argentina, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Comisión Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“la Comisión”), una organización miembro ...

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Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Argentina, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Comisión Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“la Comisión”), una organización miembro de la Red Pro Bono de las Américas. A través de la Práctica, la Comisión propone desarrollar una alianza para abordar las necesidades legales de las personas beneficiarias de la Asociación Red Viva, que apoya a niños, niñas y adolescentes que han atravesado situaciones de violencia y abuso sexual.

¿Por qué es necesario desarrollar este proyecto pro bono en Argentina?

La violencia y el abuso sexual infantil es un grave problema que ha ganado visibilidad en Argentina recientemente. Por ejemplo, una línea telefónica gubernamental que recibe denuncias de estos casos identificó 2.986 casos de esta índole en el período 2018-2019, un aumento significativo de un 50% por sobre la estadística del año anterior.[1] El crecimiento de estos casos podría deberse a la mayor visibilidad que ha tenido la problemática a partir de la implementación de programas de educación sexual integral (ESI) en las escuelas: un informe reciente, por ejemplo, estimó que un 80% de los casos en Buenos Aires fueron denunciados a raíz de las clases de ESI.[2] El aumento en la cantidad de casos también produce un auge en la demanda de servicios jurídicos para garantizar el acceso a la justicia en estos casos.

Este proyecto aportará a la lucha contra la violencia y el abuso sexual infantil en Argentina mediante el fortalecimiento de las capacidades de la Asociación Red Viva, que ha brindado servicios integrales para esta comunidad desde 2015. La Asociación Red Viva actualmente le ofrece servicios jurídicos a más de 140 niños, niñas y adolescentes, pero el volumen de expedientes legales que llevan es cada vez más extenso. Por ende, la Asociación requiere un nivel de apoyo adicional para poder abarcar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que asisten.

¿Qué implicará el proyecto y cómo se implementará?

La Comisión servirá de enlace entre los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia y abuso sexual y firmas de abogados participantes, que brindarán el patrocinio jurídico. El proyecto será implementado en dos etapas. Durante el primer período de seis meses, abogados y abogadas del equipo de géneros del Comité tomarán un caso bimensual, permitiéndoles identificar las fortalezas y debilidades en la estructura organizacional propuesta. Asimismo, realizarán capacitaciones y actividades de sensibilización con abogados y abogadas de la Red Pro Bono más ampliamente, así como talleres de alfabetización legal para aquellas personas que forman parte de la Asociación Red Viva. En la segunda fase, el programa facilitará el patrocinio de diez (10) casos adicionales. Finalmente, el proyecto también pretende elaborar un análisis sistemático de los casos denunciados a fin de desarrollar recomendaciones estratégicas sobre el litigio de casos de violencia y abuso sexual infantil.

¿Por qué la Comisión constituye un espacio idóneo para llevar adelante este trabajo?

La Comisión concentra sus esfuerzos en brindar servicios legales pro bono en casos que atentan contra los intereses colectivos y que, como consecuencia, tendrán efectos sobre amplios sectores de la sociedad. Cuenta con conocimiento especializado en derechos de personas con discapacidad, derechos de niños, niñas y adolescentes, transparencia política, microfinanzas y asesoramiento a organizaciones no-gubernamentales. Su experticia cobrará una importancia central para la capacitación en litigio estratégico en esta materia para las personas participantes de la Asociación Red Viva y de los abogados y las abogadas pro bono.

[1] UNICEF Argentina, “Un análisis de los datos del programa “Las Víctimas Contra las Violencias” 2018-2019,” noviembre 2019, disponible en: https://www.unicef.org/argentina/media/6776/file/Datos%20%22Las%20v%C3%ADctimas%20contra%20las%20violencias%22%202018-2019.pdf .

[2] Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la CABA. “Casi 80% de los niños víctimas de abuso sexual denunciaron a raíz de las clases de ESI,” 8 de enero 2020, disponible en: https://mptutelar.gob.ar/casi-80-de-los-ni%C3%B1os-v%C3%ADctimas-de-abuso-sexual-denunciaron-ra%C3%ADz-de-las-clases-de-esi .

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Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Colombia, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Fundación Pro Bono Colombia para establecer una asociación médico-legal, que brindará servicios jurídicos en clínicas y hospitales para abordar l...

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Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia en Colombia, la persona practicante seleccionada se desempeñará en la Fundación Pro Bono Colombia para establecer una asociación médico-legal, que brindará servicios jurídicos en clínicas y hospitales para abordar los determinantes sociales de la salud y atender a los obstáculos en el acceso a los servicios de salud. El proyecto pretende transformar el modelo de entrega del servicio de salud, ofreciéndoles herramientas a los prestadores de servicios de salud para identificar las necesidades legales insatisfechas que podrían afectar la salud y el cuidado de sus pacientes.

¿Por qué hay una necesidad de implementar este proyecto pro bono en Colombia?

Este componente de la Práctica de Acceso a la Justicia aborda dos problemas interconectados: primero, que los pacientes en Colombia enfrentan diversos problemas legales en acceder a los servicios de salud efectivamente, y segundo, que las necesidades legales insatisfechas de los pacientes pueden afectar a su salud y bienestar aún más que el cuidado médico tradicional. Precisamente, debido a problemas estructurales en el sistema de salud de Colombia, los pacientes muchas veces intentan resolver las barreras en el acceso a la salud mediante el sistema judicial, generando desigualdades en el acceso a la salud basados en diferencias en el acceso a los servicios legales, un esquema de entrega de servicios de salud ineficiente y débiles resultados de salud para los pacientes. Una colaboración más profunda entre los profesionales que proveen servicios médicos y aquellos que brindan servicios legales podría facilitar una resolución más eficiente de estos obstáculos.[1]

Asimismo, como en otros países, la salud de los pacientes puede verse afectada negativamente por diversos factores sociales, como las condiciones de vivienda inseguras, la pobreza y el desempleo. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud a instado a los gobiernos nacionales a fortalecer la equidad en materia de salud abordando los determinantes sociales de la salud.[2] Los múltiples modelos de asociaciones médico-legales elaborados en otros países ofrecen indicadores prometedores que tales colaboraciones pueden ayudar a abordar estos factores sociales que comprometen la salud de los pacientes.[3]

¿Qué implicará el proyecto y cómo se implementará?

La persona practicante seleccionada asistirá a la Fundación Pro Bono Colombia en lanzar un programa piloto en colaboración con una entidad prestadora de salud y coordinará una red de abogados pro bono que participarán en esta iniciativa. El proyecto integrará tres estrategias. Primero, proporcionará servicios legales directos para atender a las necesidades de pacientes en situación de pobreza y sus familias. Asimismo, el programa piloto elaborará capacitaciones y actividades de formación jurídica para que los prestadores de servicios de salud puedan identificar las necesidades legales de sus pacientes mejor. En tercer lugar, el programa identificará barreras estructurales a los derechos fundamentales de los pacientes en tanto estos afectan a su salud, a fin de promover cambios sistemáticos a las políticas de salud y en las políticas públicas para garantizar estos derechos que afectan a la salud.

¿Por qué la Fundación Pro Bono Colombia constituye una organización idónea para llevar adelante este trabajo?

La Fundación Pro Bono Colombia pretende facilitar el acceso al patrocinio jurídico canalizando las necesidades de comunidades vulnerables hacia una red de abogados voluntarios altamente capacitados y comprometidos con la responsabilidad social. La Fundación brinda patrocinio en casos individuales, ya sea a personas físicas, instituciones o comunidades, cuyo impacto típicamente se limita a la persona patrocinada. A través de una línea de trabajo sobre casos estructurales, también brinda servicios legales para iniciativas legislativas, litigio estratégico y proyectos de impacto social estructurales. Por lo tanto, la Fundación Pro Bono Colombia cuenta con la experiencia, tanto en la entrega de servicios legales y en actividades de incidencia para cambios sistemáticos, necesaria para cumplir con los objetivos de este proyecto piloto.

[1] Jorge Martín Rodríguez Hernández, Diana Patricia Rodríguez Rubiano y Juan Carlos Corrales Barona, “Barriers to administrative access to health services in the Colombian population, 2013,” Ciênc. saúde coletiva, Vol 20, Num. 6, junio 2015, disponible en https://www.scielosp.org/article/csc/2015.v20n6/1947-1958/ .

[2] Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, “Cerrando la brecha en una generación: equidad en la salud a través de acción sobre los determinates sociales de la salud,” 2008, disponible en: who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf .

[3] Marsha Regenstein, Jennifer Trott, Alanna Williamson, t Joanna Theiss, “Addressing Social Determinants Of Health Through Medical-Legal Partnerships,” Health Affairs, Vol. 37, No. 3, pp. 378–385.

México

Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia, uno de los abogados trabajará en un proyecto colaborativo entre la Fundación Barra Mexicana y el Centro Mexicano Pro Bono, ambas organizaciones miembros de la Red Pro Bono de las Américas....

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          Durante el primer año de la Práctica de Acceso a la Justicia, uno de los abogados trabajará en un proyecto colaborativo entre la Fundación Barra Mexicana y el Centro Mexicano Pro Bono, ambas organizaciones miembros de la Red Pro Bono de las Américas. A través de la Práctica, estas dos organizaciones trabajarán juntas en un proyecto para fortalecer los servicios pro bono para víctimas de violencia de género mediante la elaboración de un kit de herramientas de abogacía necesarias para para el patrocinio jurídico pro bono efectivo de tales casos.

¿Por qué es necesario desarrollar este proyecto pro-bono en México?

Si bien la violencia de género es un fenómeno global que sirve para reforzar desigualdades sistémicas entre varones y mujeres, sus manifestaciones son especialmente severas en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese país, el 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida, y el 43,9% de las mujeres en ese país han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación.[1] Las formas extremas de violencia por razones de género se encuentran en aumento: más mujeres fueron asesinadas durante 2018 que en cualquiera de los 29 años anteriores, parte de un patrón consistente de aumentos en esta figura desde 2009.[2]

La Corte Inter-Americana de Derechos Humanos ha condenado al estado de México por su respuesta insuficiente a la violencia de género en un fallo que marcó estándares regionales sobre la debida diligencia en el abordaje de este tema.[3] Si bien las autoridades mexicanas han avanzado en el desarrollo de políticas públicas en la materia desde ese entonces, las tasas crecientes de violencia por motivos de género demuestra que es necesario interpelar a diversos actores más ampliamente para hacer frente a este problema.

¿Qué implicará el proyecto y cómo se implementará?

El proyecto consiste en un componente de una estrategia tripartita para fortalecer la participación de la sociedad civil y el sector privado con este tema. La persona practicante seleccionada estará encargada de elaborar un kit de herramientas jurídicas y de otra índole necesarias para garantizar una asistencia pro bono eficaz a personas en situación de violencia por razones de género. Este kit irá de la mano de la creación de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajarán de forma coordinada para identificar y mitigar el problema. Asimismo, complementará el desarrollo de una aplicación, elaborada por IBM y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer la capacidad de las mujeres de identificar situaciones de violencia por motivos de género y acceder a asistencia jurídica y psicológica.

¿Por qué las organizaciones miembras de la Red Pro Bono son instituciones idóneas para llevar adelante este trabajo?

Ambas organizaciones tienen trayectorias extensas en apoyar a organizaciones de servicios sociales para mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades de comunidades vulnerables en México. La Fundación Barra Mexicana lleva adelante un programa de orientación legal que brinda representación y asesoramiento sobre una gran variedad de temas, tanto a personas en situación de pobreza como a organizaciones de la sociedad civil. El Centro Mexicano Pro Bono enfoca su trabajo en apoyar a organizaciones sin fines de lucro, empredimientos sociales y pequeñas empresas. Por ende, el proyecto colaborativo se construirá sobre la experticia de ambas organizaciones a fin de consolidar el piso de conocimiento necesario para mejorar la provisión de servicios jurídicos para personas en situación de violencia por razones de género.

[1] De los incidentes de violencia de género denunciados a las autoridades, la violencia sexual y la violación son los delitos más comunes que se investigan posteriormente.

[2] INEGI, “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,” Comunicado de Prensa Número 568/2020, 23 de noviembre 2020, disponible en:

[3] Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie c, núm. 205.